Las decisiones del Tribunal Constitucional (TC), la Suprema Corte de Justicia (SCJ), la Junta Central Electoral (JCE) y el Tribunal Superior Electoral (TSE), pasando por los poderes Ejecutivo Y Legislativo y el Ministerio Público (MP), bajo la égida del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), parecen salir de un extenso “buffet” de opciones, entre las cuales éste puede escoger libremente sin reparar en las demás; son parte de una política del Gobierno de construir un régimen despótico de “dictablanda perfecta” desde el año 2004.

El caso más conocido es la sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional, la cual se apega exclusivamente al enunciado del acápite 3 del Artículo 18 de nuestra Carta Sustantiva vigente desde el 2010; que desconoce flagrantemente cuanto se enuncia en los artículos 5, 6,18.2,22,26,73,74 y 110 de la misma Constitución, por la que convierte al TC en “ley batuta y Constitución” de la República; mientras el Poder Ejecutivo se plegó al chantaje de los nacionalistas de pacotilla, victimizando a unos cuantos miles de dominicanos de ascendencia haitiana; en lugar de enfrentar con entereza la entrada de indocumentados que diariamente le quitan o presionan a la baja los salarios de centenares de miles de dominicanos, aplicando con firmeza la ley, en lugar de desconocer los principios de no retroactividad, racionalidad y del carácter constitucional de los convenios internacionales reconocidos por la propia SCJ, que están por encima de la voluntad de las “altas cortes”, incluyendo los artículos 2 y 7.5 de su propia ley orgánica.

Ya antes, en el año 2005 la SCJ interpretó “medalaganariamente” que tránsito es sinónimo de inmigrante ilegal; y la JCE en el 2007 decretó mediante simple circular despojar de su documentación a los dominicanos de ascendencia haitiana, en tanto que el TSE hizo lo propio entregándole el control total del PRD a su presidente titular, a despecho de los derechos adquiridos por la gran mayoría de sus dirigentes, incluyendo sus organismos superiores: la Comisión Política y el Comité Ejecutivo Nacional.

Entretanto, el PLD ha utilizado masivamente los recursos del Estado para enriquecer a sus principales dirigentes, controlar los principales gremios y sindicatos del país, comprar periodistas y hasta figuras internacionales mediante dádivas y manipulaciones a costa del crédito público, mientras viola sistemáticamente a la vista de todos el artículo 146 de la Constitución, relativo a la prevención y persecución de la corrupción.

Al final, y a pesar de que debe reconocerse que el presidente Medina ha tratado de neutralizar algunos de los muchos entuertos dejados por su predecesor Leonel Fernández, el país se encamina a una crisis política, económica y social de consecuencias catastróficas para el cuerpo social dominicano, agudizada por el aislamiento internacional generado por sus propios errores e inconsistencias, por todo lo cual pueden pagarlo caro las nuevas generaciones, en especial el creciente número de dominicanos desheredados de la fortuna.

La única manera de evitar la tragedia que parece nos espera es que el PLD y sus socios no sigan impidiendo que los partidos de oposición se recompongan de acuerdo a sus liderazgos reales y ponga remedio a la corrupción e impunidad que están minando las bases morales y económicas de nuestro país.

Dios nos agarre confesados…!