El diálogo entre el Gobierno de Venezuela y su oposición política que se efectúa en Santo Domingo desde marzo del 2016 pende de un hilo, zarandeado por el adelanto de la elección presidencial para el 8 de abril y el desconocimiento de las principales organizaciones políticas y su coalición Mesa de la Unidad Democrática (MUD).
Con una crisis económico-social que se agrava cada día Nicolás Maduro intenta atribuirse otros seis años de gobierno adelantándose al mayor desguañangue que se vaticina para este año, pero dejando pocas posibilidades de participación decorosa a sus opositores, lo que implica un círculo vicioso de ilegitimidad y aislamiento internacional.
Casi dos años de «diálogo». Desde marzo del 2016 se celebran rondas de negociación en Santo Domingo entre representantes del Gobierno y la oposición venezolana, y desde entonces todo lo que ha hecho el régimen de Nicolás Maduro es adoptar decisiones políticas que contradicen el mínimo espíritu de concertación y de búsqueda de acuerdos políticos. Primero fue con la mediación de los expresidentes José Luis Rodríguez Zapatero, Martín Torrijos y Leonel Fernández, de España, Panamá y República Dominicana.
En septiembre pasado Fernández y Torrijos fueron relevados sin explicaciones por el presidente Danilo Medina, quien parece haber tomado la mediación como un desafío personal, dedicándole mucho tiempo, lanzando un salvavidas agradecido al Gobierno venezolano por su generosidad petrolera, cuando casi toda la región, Estados Unidos y Europa aislaban progresivamente el régimen. Pero todavía no han logrado acuerdos mínimos para paliar la crisis.
Tras las últimas rondas de negociaciones en los dos últimos meses, las delegaciones de las dos partes volvieron a Caracas el miércoles con las manos vacías, aunque la gubernamental ha querido vender la idea de que ya lograron un “preacuerdo”, porque se firmó un acta de la última sesión donde se consignan algunos avances; los opositores lo niegan diciendo que faltan asuntos medulares, como las garantías para una elección competitiva y transparente, rechazando que eso pueda ocurrir en dos meses. Sin buscar consenso en la mesa del diálogo, la Asamblea Constituyente de Maduro y un dependiente Consejo Nacional Electoral, procedieron esta semana a fijar la elección presidencial para el 8 de abril.
Una oposición sin rumbo. Resulta patético que mientras la crisis económica y social, con grave inseguridad por una de las más altas tasas de homicidio del mundo, alcanzaba niveles insostenibles, y el régimen quedaba casi aislado mundialmente, la oposición venezolana haya dado múltiples muestras de ineficiencia y de incapacidad para cohesionarse. Primero desafiaron temerariamente al régimen y este logró conjurar el zarandeo de las calles y algún éxito en dividirla o neutralizarla, incentivando las ambiciones de unos y reprimiendo a otros.
Con evidente inconsistencia y disensiones la oposición ha estado en la segunda etapa del diálogo en Santo Domingo, dando lugar a abusos como el cometido por el Gobierno al atribuirle a sus delegados haberle suministrado la información que le permitió localizar y ejecutar al policía rebelde Oscar Pérez y cinco compañeros el 15 de enero pasado, sin atender a su documentada decisión de entregarse. Esa maledicencia debió ser suficiente para, por lo menos, suspender el diálogo por algunas semanas, pero siguieron adelante, y ante tantas debilidades, el Gobierno prosiguió golpeándola y tomando decisiones fundamentales de forma unilateral.
La oposición parece resistir las últimas embestidas, lo que ha dejado en un hilo el diálogo que impulsa el Gobierno dominicano, con el retiro de los cancilleres “acompañantes” de México y Chile. Centrados ahora en la fecha de la elección presidencial, que estaba prevista para el último trimestre del año, Maduro bien pudiera ceder por un par de meses y en vez de abril llevarla a junio. Pero habrá que ver si el interés electoral de algunos opositores los lleva a concurrir sin suficientes garantías para todos, sin un consejo electoral independiente ni arbitraje internacional. Están pendientes también los reclamos de restitución de los poderes de la Asamblea Nacional y liberación de presos políticos, aunque en esta materia logró para Navidad algunas concesiones, cuando una treintena fueron excarcelados.
En un círculo vicioso. El régimen de Nicolás Maduro, sin el carisma de Hugo Chávez, ni la bonanza petrolera, ha evolucionado a la dictadura en la medida en que la crisis económica lo ha puesto en jaque, con dos años seguidos de decrecimiento económico de 14 y 15 por ciento, proyectado al 16 por ciento este año. La inflación, del 2 mil 400 por ciento el año pasado, es proyectada por el FMI para este 2018 a un increíble 13 mil por ciento, por los elevados déficits, la desconfianza y el aislamiento internacional.
El desabastecimiento de alimentos, medicinas y otros productos de primera necesidad marcan la pauta de los venezolanos, excesivamente dependientes durante décadas de la riqueza petrolera, con las mayores reservas de hidrocarburos del mundo, y aunque los precios del petróleo han repuntado sobre los 64 dólares el barril, no se espera que vuelvan a los niveles que sustentaron las políticas asistencialistas y las relaciones internacionales del chavismo, con varios años entre 80 y 139.83 dólares, máximo a que llegaron en el 2008, y se mantuvieron sobre los 100 dólares en el periodo 2011-14, para bajar hasta 27.76 en el 2016. La falta de inversión y renovación de la industria ha conllevado una caída de la producción a niveles de 1990.
Con una tasa de homicidios de 89 por cada 100 mil habitantes (más de 26 mil en el 2017), Venezuela es también uno de los países, sin guerra, más violentos del mundo.
El régimen queda cada vez más aislado, con sanciones de Estados Unidos y la Unión Europea, la activa desaprobación del “Grupo de Lima”, que incluye a los 18 países más grandes del continente, fuera de Bolivia y Ecuador, y hasta a antiguos socios de Unasur, y con arrebatos como la expulsión del embajador de España. Venezuela luce atrapada entre la ambición continuista de Maduro, la incoherencia de la oposición y la crisis económico-social. Una reedición cuestionada del régimen no promete más que la prolongación de una agonía que tropezará con una salida violenta, porque a ese ritmo no resistiría otros seis años.-