Hace lo correcto el gobierno cuando se desliga, a través del ministro Administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta, de la  “Marcha por la Paz” programada para el martes 31 de enero por mas de 600 organizaciones populares y comunitarias que quieren expresar de ese modo su apoyo el presidente Danilo Medina y su gobierno, pero que sepa desde ahora el influyente ministro que por mas que se empeñe muy pocos serán los que crean  que la mano del gobierno no está metida, de alguna manera, en la organización y promoción de lo que se interpreta como la respuesta oficial a la “Marcha contra la Impunidad”. Y la razón es sencilla: será muy difícil que sus organizadores puedan superar, en participación  y entusiasmo ciudadano, la multitudinaria manifestación del pasado domingo, y si acaso lo consiguen se dirá que fue gracias a los recursos del Estado. Pero si sus organizadores desisten de su realización, disuadidos  por una protesta que todos los medios coinciden  en describir como una contundente muestra de rechazo al flagelo de la corrupción, también quedará mal parado el gobierno, pues no olvidemos que el propósito  que enarbolan sus organizadores es ofrecerle respaldo a la gestión del presidente  Medina. O sea que el gobierno pierde como quiera sin que esté muy claro todavía qué es lo que gana, por lo que no me sorprendería si alguien convence a sus ideólogos y organizadores  de que aun están a tiempo de encontrar una buena excusa para suspenderla “hasta nuevo aviso”.