La costosa pasividad del Presidente

En todas las esferas de la vida, la templanza o moderación son vitales para actuar o tomar decisiones de trascendental importancia. En la política, estas cualidades son esenciales, pero el abuso de ellas se convierte en pasividad la cual puede acarrear costos sociales, políticos y económicos irremediables. Es lo que le ha sucedido al país con la inexcusable pasividad del Presidente Medina frente a los problemas causados por la sentencia TC 168-13.

Después de pasados siete meses de debates y condenas a ese inhumano dictamen y de casi un mes de consultas del Presidente a diversos sectores, éste mantiene su pasiva actitud frente a un problema que ha ocupado los primeros lugares de su agenda durante todo ese tiempo. El daño que esto ha causado al país a nivel internacional por el momento es incalculable.

Ese daño se potenciaría aún más si el proyecto de Ley que Medina someta al Congreso para zanjar la discusión sobre ese tema es contrario al parecer de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la cual dice que la TC 168-13 afecta a “más de 210,000 personas que han quedado apátridas”, al tiempo de establecer, que no aceptaría la negación, resignación o limitación de los derechos de ninguna de esas personas.

La condena a la malhadada sentencia sigue creciendo, la diversidad de las organizaciones internacionales acentúan sus posiciones críticas, multiplican sus iniciativas contra ella, contribuyendo a que el deterioro de la imagen del país en el exterior sea cada vez más marcado. Ante todo eso, el Presidente mantiene una pasividad que raya en la irresponsabilidad. Una irresponsabilidad que envuelve a diversos sectores políticos de todo signo ideológico, a sectores de la sociedad civil y del empresariado dominicano.

El Presidente ha terminado una ronda de consulta en la que ha consultado algunos actores que en esencia siguen fijando las mismas posiciones que mantuvieron antes de ser “consultados”. Se desconoce, al menos públicamente, si en este proceso de consulta el Gobierno recabó la opinión de la CIDH, que es la máxima autoridad del país en materia de derechos humanos, sobre las ideas esenciales del proyecto de ley que sometería al Congreso para zanjar el problema creado por la sentencia.

Mientras tanto, la bestia de la intolerancia y el anti haitianismo, personificada en el impresentable diputado del Congreso de Trujillo y alto funcionario del actual Gobierno, junto a sus seguidores sigue dando declaraciones destempladas para presionar al pasivo Presidente. Entre otras declaraciones, dicen que el Gobierno hará deportaciones, dando por hecho que se echará por la borda el espíritu letra de la Constitución del 2010, promulgada por el ex presidente Fernández y que no ha tenido el valor de defender.

Se agrava la situación del país en el plano internacional, existe la sensación de que el proceso de solución al problema está estancado y eso tiene un incalculable costo político, económico y social para el país. En tal sentido, para desbloquear la situación el recurso a la imaginación y determinación, dos cualidades esenciales que debe tener todo estadista para enfrentar los grandes problemas de Estado.

La pasividad, en estas circunstancias, es ruinosa para cualquier país y sobre todo para quien lo dirige.


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