La crisis energética

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07 agosto, 2004 10:29 pm Sé el primero en comentar
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POR CARMEN CARVAJAL
La República Dominicana está prácticamente apagada. Con un déficit en el suministro de energía eléctrica que la sitúa en el siglo XIX. Los apagones, cada vez más largos y frecuentes, reducen significativamente la calidad de vida de la población en general, sin importar el nivel económico.

Esto así, porque no hay planta de emergencia ni inversor que aguante las prolongadas horas de servicio a que se ven forzados, puesto que el promedio de duración de los apagones supera las diez horas, con períodos iluminados de no más de tres horas, y vuelta a las tinieblas.

En medio de la crisis, la mayoría de los sectores se limita a quejarse y a enumerar los daños que causa esta situación. Sin embargo, también surgen voces que plantean posibles soluciones a la crisis, como es el caso de la firma Grant Thornton, que planteó una serie de ideas al respecto.

La solución de la crisis energética requiere la disminución de las pérdidas del sector debido a los altos costos, los robos y fraudes, la reducción de la tarifa, una revisión de los contratos vigentes, y la declaratoria de quiebra de las empresas distribuidoras.

Estos planteamientos están contenidos en la “propuesta de solución integral”, presentada por el economista Jochi Vicente, de la firma Grant Thornton.

En su trabajo Vicente señala que las Edes generan pérdidas anuales en el orden de US$107 millones, de los cuales 84 millones de dólares corresponden a pérdidas en la venta de energía.

El mayor problema en este sentido radica en el sector residencial, que consume 46% de la energía servida y paga el 36%. La situación se agrava por la limitación financiera de las distribuidoras para realizar programas efectivos de cobro, y la intensificación del fraude por efecto de los aumentos de tarifa.

Esta realidad de las distribuidoras trae como consecuencia el atraso en el pago a los productores de energía y la imposibilidad de contar con recursos internos para realizar inversiones para mejorar el sistema de distribuión que permitan reducir las pérdidas.

El extremadamente elevado costo de la energía motiva un gran porcentaje de los casos de robo y fraude que se producen en el sistema, por lo que para combatir este problema es necesario reducir significativamente las tarifas, medida que debe acompañarse de una política de mano dura contra este comportamiento.

LOS COSTOS

Sin embargo, uno de los factores que dificultan la reducción de la tarifa es el alto costo de producción, generado por un parque que genera en base a combustibles muy caros, contratos de largo plazo con precio fijado independientemente del costo.

También el valor agregado de distribución, que incluye costos hundidos muy altos y la incapacidad de las distribuidoras de reducir pérdidas y aumentar los cobros.

Vicente estima que para reducir la tarifa es necesario bajar ambos factores, es decir, el precio de la generación y el valor agregado de distribución.

En cuanto al costo de la generación se debe a que el parque se basa en tecnología de alto costo de de producción, y a los contratos de larga duración, fruto del Acuerdo de Madrid.

El sistema está en quiebra, y las pérdidas impiden a las distribuidoras pagar a las generadoras. Para enfrentar el problema hay que atacar dos frentes: la renegociación de los contratos de Madrid y el inentivo a la tecnología de bajo costo, como el carbón.

Afirma categóricamente que “cualquier solución que no situe la tarifa eléctica por debajo de los 9 centavos de dólar no es sostenible en el largo plazo”

Para reducir la tarifa hay que bajar el valor agregado de distribución, lo que sólo se logra si los socios privados, el Estado y los acreedores aceptan la realidad de la quiebra de las Edes, y reconocer todo lo invertido como un costo hundido.

Es por ello que concluye en que “si no se realiza una renegociación profunda de los contratos de compra-venta de energía que poseen algunas empresas generadoras no será posible obtener reducciones en el precio de compra de la energía y por consiguiente, no será posible reducir la tarifa percibida por los usuarios”, a niveles que desincentiven el fraude.

En cuanto a estos contratos señala que el Estado tiene dos alternativas, o deja que el sistema colapse de modo que los inversionistas privados, generadores y distribuidores, decidan irse por cuenta propia, lo que implica el país apagado por varios meses, o decide negociar la terminación o reestructuración de los contratos, con la meta de cambiar el parque de generación.

Entiende que debido a la no sostenibilidad del sector el valor de los derechos adquiridos a través de estos fontratos es reducido, y se debe partir de esa premisa para una renegociación ue debe incluir a Itabo, Haina, Ede Este, AES Andrés, Cogentrix, Smith Enron, Laesa, Unión Fenosa, Palamara / La Vega, y los acreedores privados del sector.

“El esquema sería una negociación de costos hundidos bajo la premisa de que el sistema está en quiebra y de que existen pérdidas que deben ser asumidas tanto por el Estado como por el sector privado”.

Estima que para esta renegociación se requerirá de unos mil 200 millones de dólares para pagar las compensaiones y los atrasos en el pago a los generadores.

La propuesta señala que cualquier subsidio adicional que el gobierno quiera aplicar, debe tener un fuente de financiamiento no relacionada con el sector eléctrio e ir directamente al usuario, pero no a través de reducciones de tarifa para no afectar el flujo de caja de las distribuidoras.

Entiende necesario la promulgación de una ley de incentivo fiscal para las empresas que inviertan en plantas de carbón, y realizar una campaña nacional de ahorro de energía, al tiempo que se fortalecen los mecanismos para someter a la justicia a los usuarios que comenten fraude.

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