La disculpa pública como fórmula para resolver litigios por difamación

La disculpa pública como fórmula para resolver litigios por difamación

La reputación y la honra personal es el aspecto más delicado y sensible en la vida de cualquier individuo, sin importar su condición, estatus económico y social, por lo que un cuestionamiento o ultraje a través de actos de difamación o injuria constituyen un serio atentado a la imagen, así como a la tranquilidad individual y de su familia.
De ahí que se haya dicho y repetido tantas veces y no solo como un simple enunciado, sino en reconocimiento a la experiencia de trastornadores episodios, que un ataque a la moral personal perdura más en el tiempo y es más difícil de subsanar que una agresión física.
En virtud de esta particular característica, sólo la retractación pública o directa puede en alguna medida satisfacer o cuando menos aliviar al difamado, aunque éste tenga derecho de acuerdo a la ley y a la Constitución a una reparación que conlleve sanción o indemnización económica, si no se demuestra ante los tribunales el fundamento de la imputación considerada ofensiva al preciado patrimonio de la honra personal.
Dada estas complejidades inherentes a litigios de este tipo, tratadistas que favorecen la disculpa como eficaz elemento de conciliación, han destacado como positivo el hecho de que la Suprema Corte de Justicia haya logrado, sin necesidad de emitir una sentencia, poner término a una demanda por difamación que el expresidente Hipólito Mejía había incoado contra el senador Wilton Guerrero, quien lo acusó de viajar a México en un avión facilitado por el Chapo Guzmán.
Este precedente quizás podría servir de base o ejemplo para resolver cualquier otra demanda por difamación que pueda presentarse en el futuro y en la que no haya prosperado el proceso de conciliación que siempre propician los tribunales.
Al igual que lo expresado en diferentes momentos por Mejía, debido a los perturbadores efectos que le causó la falsa imputación de haber tenido un vínculo con el narco mexicano, en otros casos se ha advertido también el profundo daño provocado a la dignidad de la familia objeto de alguna imputación difamatoria.
La rectificación o reconocimiento de un desliz o exceso al hacer una imputación como ha admitido Guerrero al pedir disculpas que deberá publicar por escrito en la prensa, no constituye un modo alguno un acto vergonzoso o de debilidad, y debería enviar una señal sobre el cuidado que ha de observarse cuando se toca la dignidad ajena, especialmente en enfrentamientos entre figuras públicas llamadas a mantener un nivel de equilibrio y respeto en el debate, sin que esto impida la crítica y la libre discusión de temas relevantes relativos al interés nacional y los asuntos de Estado.
En el entendido de que la fuerza y sentido de los argumentos no está dada por estridencias o descalificaciones, esta necesaria ecuanimidad se impone para que la política nacional se despoje, con un positivo cambio de comportamiento y actitud, de la perniciosa fama que ha venido ganando de cimentarse sobre vías y métodos deshonestos e indignos.

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