ELCHE, España. Inclinada sobre su máquina, una mujer cose una bailarina que pronto llevará en su pie una cliente de Madrid, Nueva York o Tokio, y es que los zapatos «made in Spain» van bien, pero al precio de un trabajo en negro.
La región de Valencia, en la costa mediterránea, es conocida por sus playas, pero menos por ser el pulmón de la industria del zapato español, número dos de Europa por detrás de italia con una producción de 96,5 millones de pares en 2013.
«El made in Spain tiene un prestigio» en el extranjero, confirma José Alberola Molines, que dirige una empresa de 65 empleados especializada en zapatillas y playeros de tela. Valencia cuenta con más de dos tercios de las 1.400 empresas del sector, especialmente en torno a las ciudades de Elda y Elche, a menos de 200 km al sur de Valencia.
Aquí, no hay trabajo en cadena sino una producción semi-artesanal en pequeñas y medianas empresas. Grandes marcas fabrican aquí sus modelos como las alpargatas para Louboutin o firmas más asequibles como Zara. Sus 25.300 empleados son famosos por saber, transmitido desde el Siglo XIX.
La industria tuvo su edad de oro en los años 1970, cuando empresas estadounidenses deslocalizaron sus producción a una España aislada, y poco desarrollada económicamente. Al igual que sus vecinos europeos, el país sufrió el fin de las cuotas en las importaciones chinas en 2005.
No obstante, ha logrado mantener una producción de media y alta gama y sus exportaciones alcanzaron un nivel récord en 2013 (2.640 millones de euros) con zapatos de cuero a un precio medio de 31 euros el par.
– Hasta un 50% de economía sumergida – Este éxito tiene un coste. El sector «está abonado a la economía sumergida», denuncia José María Mollinedo, del sindicato de técnicos del ministerio de Hacienda Ghesta.
«Siempre lo he conocido así», confirma Manuel Molina, un cortador de cuero de 57 años, cuya madre ya trabajaba en casa, sin declarar nada, arriesgándose a quedarse sin pensión al jubilarse.
Algunas tareas – cortar el cuero y la tela, cosido… – no se llevan a cabo sistemáticamente en las fábricas, sino que se subcontratan a talleres o se confían a personas que trabajan en sus casas, a menudo mujeres, fomentando el fenómeno.
Para las trabajadoras, es una forma de tener una fuente de ingresos, mientras se ocupan de sus hijos. Y según Molina, cuyos padres y seis hermanos trabajan en el sector, la crisis aumentó esta economía irregular.
El ministerio de Empleo no tiene cifras sobre una actividad por definición ilegal, pero un estudio de universitarios madrileños publicado en 2014 habla de un porcentaje de producción «en negro» que podría alcanzar el 50%, frente a alrededor del 20% para el conjunto de la economía española.
La Federación de Industrias del Calzado Española (FICE) rechaza tocar el tema y prefiere hablar de la reactivación basada desde hace tres años en las exportaciones hacia 170 países. El fraude tiene varias caras, explica Carlos de Castro, profesor de la Universidad Autónoma de Madrid, que participó en el estudio centrado en la ciudad de Elda.
– Jóvenes desanimados – Puede ser el caso de costureras trabajando en casa ilegalmente o de hombres –a menudo inmigrantes–, cargando camiones. Otro caso: el empleado que hace horas extraordinarias no remuneradas.
Algunas empresas sólo declaran una parte de sus empleados, otras subcontratan a talleres clandestinos. Y los sindicatos no son los únicos que lamentan esta situación.
«No podemos competir con un empresario que no paga a los trabajadores, la Seguridad Social…» con lo que llega a producir «2 o 3 euros por debajo de nuestros precios», se queja Julián Méndez, gestor de la empresa Salvador Artesano. «La administración no reacciona», afirma Juan Antonio Maciá, del sindicato UGT de Elche.
El sindicato CCOO explica que ha multiplicado sus denuncias a la inspección de trabajo, en vano. En cuanto a los asalariados, no hablan por temor a perder su empleo. Incluso para los empleados legales la situación no es de color de rosa.
«Estamos haciendo zapatos ya casi a precios de China», dice Angel Cerdá de CCOO, con sede en la zona de Elche.
Los salarios son bajos –de 963 a 1.060 euros brutos al mes según la experiencia–, los contratos temporales se multiplican y la reactivación económica tiene pocas posibilidades de desembocar en una auténtica revalorización de los salarios, según Carlos de Castro: «para ser competitivo en un mercado globalizado, hay que reducir los costes y tener un producto de calidad».
El riesgo es que los jóvenes, viendo las malas condiciones de trabajo impuestas a sus padres, busquen otra cosa y se pierda ese conocimiento.
«El oficio se aprede su abuela, de su madre y se transmite así» y no en la escuela, explica. Manuel Molina quisiera creerlo, él que siempre ha dicho a sus gemelos de 29 años: «trabajad, pero no en el calzado».