El Estado no comete errores, no se equivoca, no hace disparates, el Estado actúa. Los errores y demás… los cometen los hombres y mujeres que lo dirigen en un momento determinado. De manera que haber fundado una editora nacional, en un país con un régimen democrático como sucede en República Dominicana, hasta prueba en contrario, no es ni un error ni una equivocación y mucho menos un disparate. Simplemente no debió existir porque la Editora Nacional es una empresa, como sucede por lo general con las estatales, inoperante, una carga para el gasto corriente y un estímulo para la censura oficial.

Hace 17 años que existe la Editora Nacional y, sin desmeritar los títulos publicados (algunos de los cuales gozan de una calidad y prestigio que ameritan su publicación junto a otros que solo el favoritismo les ha permitido salir a la luz), no ha logrado convertirse en lo que todos los escritores esperan de una casa editorial que funciona por subvención. A pesar de las buenas intenciones que respaldan este género de empresa, su creación no está acorde con lo que los tiempos reclaman. La Editora Nacional, por su calidad de empresa estatal, alcanza la categoría de elefante blanco de la promoción y difusión del libro. Nada más.
La tendencia hoy día es que el Estado se libere de obligaciones propias del sector privado y se ocupe más de fiscalizar que de competir con la libre empresa. Una tarea ardua en un país donde el clientelismo es la principal oferta de los partidos para ganar las elecciones. En ese sentido, la Editora Nacional puede ser bien vista como una fuente de empleos. Ahora bien, ¿no debería el Estado estimular el desarrollo de la industria editorial en República Dominicana en vez de convertirse en rival de la naciente industria del libro criolla?
Las editoras nacionales tuvieron su momento de gloria en los regímenes socialistas. El modelo de la desaparecida Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) sirvió de patrón tanto a China como a los países de la Europa del Este y a la persistente Cuba. La editora oficial de la URSS, como la de China, publicaban obras en diferentes lenguas de autores soviéticos o chinos, pero también de la literatura universal. Evidentemente, esos autores no ponían en peligro los fines que ellos perseguían. Es más, la editora oficial de China, que es lo mismo que nacional, solo admitía como válidas las obras de Mao Tse Dong y los clásicos del marxismo. Levantar este argumento para combatir la creación de una editora nacional raya en lo grotesco, pero no deja de ser válido. En la URSS, en cambio, había una tendencia un poco más «abierta» y se le daba cabida a obras literarias, luego de pasar por el filtro de la censura, consideradas políticamente correctas para el simple ciudadano socialista.
Cuba, que reproducía, en la medida de sus posibilidades, el modelo soviético, publicó muchos autores cubanos, latinoamericanos, europeos, etc. Una suerte de “misión” que, a juzgar por el resultado, más que criticable es loable si lo vemos únicamente por la bibliografía que nos ha dejado la editora nacional cubana. ¿Qué pasaba entonces con los autores que no estaban de acuerdo con el socialismo o los que los exégetas del sistema consideraban burgueses o nefastos al régimen? Responder no es necesario…
Sin embargo, es normal que exista la editora nacional en un sistema socialista que no cree, aunque ya la “tolere”, sobre todo después de la caída del Muro de Berlín y de la URSS, en la libre empresa. Si los regímenes totalitarios lo controlan todo ¿cómo van dejar que uno de los medios más eficaz para la difusión de ideas, como son las publicaciones, se desarrollen libremente? En la URSS, China y Cuba la censura es explícita. Otro ejemplo, para no seguir en el totalitarismo de izquierda, es la Alemania nazi (1933-45), en la que Gœbbels creó uno de los sistemas de censura más eficaz del mundo contemporáneo. Y, para volver a República Dominicana, recordemos que durante la dictadura de Trujillo las ediciones de obras que se hacían eran de Estado –pasaban por el cedazo de la censura–, pero las imprentas eran privadas, con lo que queda clara la separación entre editora e imprenta. En un país donde no existe aún una verdadera tradición editorial, una casa de edición subvencionada por el Estado, es necesario recordar, obstaculiza la naciente empresa editorial. Esto sin olvidar la censura, explícita e implícita, que es inevitable en numerosas acciones del Estado. Una editora nacional, por naturaleza, está abocada a aplicarla en algún momento. Si el Estado dominicano que cree en la libre empresa quiere, real y efectivamente, estimular las publicaciones debería orientarse más hacia un centro nacional del libro. Una suerte de organismo que subvencione, al mismo tiempo, a los autores de obras literarias, artísticas, históricas y científicas y las editoras que las publiquen. El desarrollo de casas editoriales sería pues más eficaz al estímulo intelectual, a la libre expresión y a la creación de empleos que la Editora Nacional.