Arturo Martínez Moya 
Si el PIB crece más que el endeudamiento público, el crecimiento sostenido de la economía y el tiempo acaban enjugando la deuda, principio que debió seguirse como lo recomienda la buena gestión pública, pero que se violó con desequilibrio en el presupuesto en los últimos ocho años (2008-octubre 2016).
Como resultado, la deuda total del sector público no financiero creció 2.3 veces más que el PIB, la primera un 11.5% y 5% la segunda, como promedio anual. Los indicadores deuda e ingresos fiscales respecto al PIB nos dicen dos cosas peligrosas: la primera, con los impuestos no se puede pagar la totalidad de los intereses; la segunda, la política pública carece de margen para responder a shocks externos.
Para salir de la encerrona se necesitan ingresos adicionales, que el Gobierno puede lograr poniéndose de acuerdo con empresarios y oposición política, para reformular el régimen fiscal con objetivos puntuales. Como fijar reglas claras de gestión; eliminar interpretaciones que incentivan la evasión y erosión fiscal; modificar tasas y base de impuestos no transferibles (sobre la renta), transferibles (ITBIS y selectivos al consumo) y reducir gasto tributario (ascenderá a RD$231,125.6 millones, 6.4% del PIB, en 2017). Y como es poco menos que imposible vivir sin contraer las inacabables deudas, estableciendo que los nuevos préstamos deben destinarse exclusivamente a financiar gasto de inversión.
Una buena reforma fiscal evitaría que la ejecución anual del presupuesto siga siendo caja de sorpresas, una fuente de incertidumbres que amenaza la estabilidad de los precios macro-económicos. Cambiaría la dependencia del presupuesto de los préstamos, al intercambiarse los números comentados, el crecimiento anual del PIB superaría el de la deuda.
Nada de lo mencionado se logra con reducción del gasto total, que no es excesivo dado el tamaño de la economía. Para demostrarlo, basta calcular y comparar el indicador gasto del gobierno sobre el PIB. Representa un 17.4%, inferior a la media (22%) Latinoamericana y de la media (41.4%) OCDE. Otra cosa es su productividad, que puede y debe mejorarse sustancialmente.
Para revivir la reforma en este momento, existen otros motivos no menos importantes. Me refiero a las constantes históricas de la deuda Latinoamericana, el espejo en que debemos mirarnos. Nos dicen que cuando se producen shocks externos, los países que aumentaron rápidamente la deuda, fueron los que con mayor intensidad experimentaron crisis financiera y/o desaceleraron el crecimiento de la economía durante un largo trecho. Y por precaución, para 2017 la Reserva Federal de los Estados Unidos tiene programado normalizar su política monetaria, lo que implica aumentar los intereses; la OPEC persigue elevar el petróleo a 60 dólares el barril; y los precios en las bolsas podrían aumentar, con mayor rentabilidad para los compradores de bonos, por las incertidumbres que agrega Donald Trump en la Casa Blanca.
En suma, con la reforma fiscal estaríamos mejor preparados para pagar intereses, reducir la deuda y enfrentar shocks externos, al incorporar a nuestro régimen fiscal, lo que en la literatura especializada se conoce como Regla de Oro de la Inversión pública. Porque estaríamos enmarcando la política fiscal en un horizonte de mediano o largo plazo, en lugar de improvisar persiguiendo meta de corto plazo.
