La gestión de proyectos para la inversión pública y el desarrollo

Eddy Skinner.

En nuestro artículo de opinión anterior, titulado: “la inversión pública para el financiamiento sostenible”, concluimos que una nueva cultura para la gestión del financiamiento público debe materializarse a través de proyectos y programas de inversión que observen los impactos y el cumplimiento de las metas que tiene el Estado y sus instituciones.
Esto se justifica por el planteamiento de que luego de la crisis financiera internacional del año 2008, la deuda pública de los Estados se ha convertido en un factor de alto riesgo para la gobernabilidad y el crecimiento económico, lo que nos invita a reflexionar sobre la premisa de que, si ciertamente el financiamiento público y la cooperación internacional a través de créditos y préstamos de inversión es importante propiciar el crecimiento económico, se deben tomar en cuenta los principios de razonabilidad conforme a una visión a largo plazo que mida el impacto y resultados de los proyectos y programas que se financian.
Conocer la clasificación de los proyectos de inversión pública es el primer paso, a los fines de observar las características particulares de cada uno, y así, orientar la inversión pública hacia un financiamiento sostenible.
Conforme a las Normas Técnicas del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) y su guía metodológica general, los proyectos de inversión se pueden agrupar de dos formas: a) según la tipología; o b) por la situación presupuestaria.
Según la tipología se clasifican en: 1) de capital fijo, que son aquellos de creación, incremento, rehabilitación y mejora de la capacidad instalada para la producción de bienes o la prestación de servicios, por ejemplo, escuelas, hospitales, carreteras, puentes y desarrollo forestal; 2) de capital humano, el cual busca la implementación, mantenimiento y recuperación de la eficiencia y productividad del capital humano, por ejemplo: capacitación, alimentación, vacunación y fortalecimiento institucional. Estos tienen una duración definida y finita en el tiempo no superior a los tres años; y 3) de creación de conocimiento, caracterizado por investigaciones, desarrollos tecnológicos, catastros, diagnósticos, inventarios, censos y cualquier otro tipo de acción orientada a la creación de conocimiento, con una duración no superior a los tres años.
De acuerdo al nivel o situación presupuestaria, los proyectos de inversión se clasifican en: 1) de arrastre, aquellos que tienen montos devengados en alguno de sus componentes en años presupuestarios anteriores al año presupuestario para el que se está solicitando recursos financieros. Pueden tener cuatro estados: en ejecución, paralizado, terminado, y cerrado; y 2) proyectos nuevos: cuando ha sido registrado en el Sistema Nacional de Inversión Pública en el año en curso y ha sido declarado admisible por el Ministerio de Economía Planificación y Desarrollo (MEPyD).
Es evidente que con el uso correcto de los preceptos anteriores, contenidas en las Normas Técnicas del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) y su metodología, podemos eficientizar y racionalizar el uso de los recursos en la administración pública, ya que nos permite ordenar, conducir y orientar las acciones hacia una planificación para el desarrollo. Además, deja claro los objetivos estratégicos o grandes metas, evitando que la asignación de los recursos se haga de manera caprichosa o se dirija hacia soluciones que no sean prioridad o que no resuelvan las necesidades básicas de los(as) ciudadanos(as).
Es por esto que consideramos que el Estado debe gestionar el ciclo de los proyectos y programas conforme a los niveles estratégico, programático y operacional. De esta forma, la visión del país a largo plazo, con vínculos entre los planes multisectoriales, regionales y locales, e instituciones interactuando de manera estratégica y organizada contribuirían a gestionar de manera eficiente la inversión pública, racionalizar el gasto y orientar el financiamiento de forma sostenible.
Estimo, que esta es la solución para el crecimiento económico, y una deuda pública que no ponga en riesgo el Presupuesto General del Estado.