Citar a Wyton Marsalis fue una provocación. Travesura de un conferencista consciente del problema e interesado en la atención. Algunos contuvieron la respiración, imaginaron un desbarre impropio, un escape del intelecto, frente a tantos doctos defensores de la ley. Mauricio Tayupanta Noroña, miembro del Consejo Nacional Electoral de Ecuador sabe lo que hace y lo hizo. Orador invitado para inaugurar la XXXI Conferencia de la Asociación de Organismos Electorales de Centroamérica y el Caribe. El tema de la jornada y de la conferencia “Derechos Políticos e Inclusión en los Procesos Electorales” y si de inclusión se habla respetar las opiniones de cualquier ciudadano es deber y Marsalis, además de extraordinario músico es persona con derechos y obligaciones. A la representación de la Junta Central Electoral, le correspondió comentar junto con el representante de Panamá la Conferencia. Del país también estuvieron Santiago Sosa Castillo, miembro del TSE, y Rosa Pérez García, suplente.
El disertante lamentó que 58 años después de la Declaración de los Derechos Humanos se firmara la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. También hubo mención de la Declaración de los Derechos de los pueblos indígenas acápite que Ecuador puede exhibir con resultados más que excelentes. Representantes de Antigua y Barbuda, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Jamaica, Nicaragua, Panamá, Puerto Rico, República Dominicana y Santa Lucía, integran la Asociación de Organismos Electorales de Centroamérica y el Caribe. El Acta Constitutiva de esta Asociación o “Protocolo de Tikal”, establece que sus objetivos son: “fomentar la cooperación internacional para promover la democracia representativa, el voto libre, universal y secreto; sistemas electorales eficientes; procurar la consulta recíproca de cualquier problema relacionado con el proceso electoral.” El órgano permanente de la Asociación es su Secretaría General, a cargo del “Centro de Asesoría y Promoción Electoral” (CAPEL). Los miembros de la asociación se reúnen cada año. Esta vez correspondió a Honduras la sede y al Tribunal Supremo ser anfitrión del encuentro. La República Dominicana será sede el próximo año para la celebración de la XXXII Conferencia.
Inclusión fue la palabra protagonista durante los dos días de intenso y motivador trabajo. La jornada confirma, una vez más, la necesidad de contacto, el drama de estar tan cerca y tan lejos, de ser tan distintos y pretendernos iguales en la región. Del mismo modo permitió conocer intentos, fracasos, atrasos. Logros, como ocurre en Panamá y su ley lectoral reformada luego de cada elección, para corregir los inconvenientes detectados en el proceso. La igualdad envidiable en Santa Lucia. La dificultad para la capacitación y organización electoral en países donde la violencia es credo y las maras controlan espacios, deciden y es inexistente la posibilidad de negociación. Comprobar que cuando todavía las mujeres peleamos por cuotas, a pesar de declaraciones de igualdad en la Constitución, caso nuestro –artículos 8 y 39-, el discurso primer mundo es la paridad. Entender y hacer el mea culpa correspondiente, porque en Centro América y el Caribe, existen y son avalados, supuestos demócratas- hombres y mujeres- machistas, violentos, xenófobos, racistas, homófobos, clasistas. Personajes que exhiben sus prejuicios sin ninguna consecuencia y reciben el aplauso de la alienación.
Las políticas de inclusión sirven para evidenciar que hay rechazo, separación. La inclusión ratifica la exclusión. Delata. Es más que un juego de palabras. Es hacer el favor, conceder, desde la arrogancia de la perfección, de la peligrosa “normalidad”. Expone la clemencia y la imposibilidad de acatar los 30 artículos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Sin adoptar nuevos lenguajes ni repetir el camuflaje ocasional de algunas agendas, desde el 1948 existe un compendio imprescindible para fomentar la igualdad, respetando las diferencias. En esa Declaración está Montesinos y su sermón, la Convención de Virginia, los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Y es que “toda persona tiene los derechos y libertades sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición.”