Hoy 
Miguel Ceara-Hatton
El resultado a lo largo de la vida de las personas debe depender del esfuerzo que realiza y no de la clase social a la que pertenece, del sexo, del color de la piel, la religión ni del lugar donde haya residido la mayor parte de la vida.
Para que el resultado en la vida dependa del esfuerzo de las personas se necesita una sociedad basada en derechos, de forma que todas las personas tengan el mismo acceso a los recursos y oportunidades necesarios que permitan, como indica Amartya Sen (1999, p.99), la expansión de sus libertades reales (estar educado, en salud, trabajar, seguridad, entre otros muchos) para elegir el tipo de vida que tienen razones para valorar.
Si una persona no tiene libertades vive en una situación de privación como la pobreza, la ignorancia, la falta de salud, de oportunidades y medios de vida, es víctima de la exclusión, del clientelismo, entre otras muchas expresiones de falta de capacidades para poder elegir en la vida.
El desarrollo es de las personas y por lo tanto implican tres dimensiones importantes.
Primero, una dimensión individual y colectiva, pues las capacidades se portan individualmente (es la persona que está en salud), pero se construyen socialmente (el sistema de salud).
Hay una dimensión de poder y derechos. El acceso a las oportunidades depende de cómo se dan las relaciones de poder en la sociedad. En la República Dominicana de hoy, el acceso a las oportunidades depende del poder personal (económico, social, institucional) y del grupo al que se pertenece y no de los derechos de la ciudadanía.
Para construir una sociedad basada en derechos es necesario modificar las relaciones de poder, lograr una sociedad empoderada y movilizada que construya unas relaciones de poder más equitativas y que pueda convertir al desarrollo económico, social e institucional de la gente, de una cuestión de poder a una cuestión de derechos.
Finalmente, tiene una dimensión espacial, porque se trata de un hecho de la gente en lo concreto, en lo cotidiano, que debe materializarse en cómo vive la gente en el lugar donde reside. Se trata de que las personas puedan tener en el lugar donde residen un trabajo decente, alimentarse adecuadamente, acceso a un techo digno, a un servicio de salud que funcione, con calidad y trato humano, a la electricidad permanente, escuelas públicas con un currículo que promueva la calidad, igualdad de oportunidades para las mujeres, acceso a agua potable por tuberías en la casa, acceso al internet y otros muchos aspectos que contribuyen a mejorar la calidad de vida de la gente y den seguridad.
Desarrollo y territorio. Entiendo por territorio el área geográfica delimitada por características físicas, socioculturales y económicas particulares, es el contenedor de recursos, instituciones, actividad económica, etc.
Mientras que el espacio es una construcción social que posee una dinámica propia y es lo que contiene el territorio. Al ser una construcción social, implica que la situación social de los territorios de hoy (provincias, por ejemplo) es el resultado de políticas, instituciones, relaciones de poder, recursos físicos que definen una dinámica y por lo tanto, es modificable a través de políticas públicas.
La visión de desarrollo económico que predomina en el país ha hecho invisible las condiciones de vida de la población en el territorio (y en todas partes).
El éxito de una gestión pública se mide casi exclusivamente por las cosas (edificios) y por el crecimiento del PIB, lo cual implica la invisibilidad de las personas y la “desterritorialidad” del éxito, situación que se reproduce por las relaciones de poder, la cultura, las instituciones, la prensa y otros medios que reproducen el orden social.
La evidencia muestra que RD tiende cada vez a las diferencias interprovinciales y ello conduce a una desintegración del territorio. Las diferencias interprovinciales se miden por la evolución en el tiempo de la dispersión o distancia media de cualquier indicador provincial con respecto al valor promedio nacional. Cuando esa distancia se acorta en el tiempo se dice que las provincias (el territorio) convergen y las provincias se integran al proceso de desarrollo nacional (¿si es que hay?) y cuando se aumenta se dice que hay divergencia y en la práctica se crean varias repúblicas dominicanas con ninguna o muy poca conexión entre ellas y con marcadas diferencias sociales.
Alguna evidencia puede ilustrar esta situación. Por razones de espacio, solamente analizo dos indicadores de resultados que pueden dar una idea del proceso de divergencia provincial.
1) La diferencia interprovincial de población aumenta. Entre 1960 y el 2010 se ha producido una divergencia en la población de las provincias. El nivel de divergencia interprovincial se duplica (se multiplica por 2.1 veces) y una medida de concentración como el Gini, indica que el nivel de concentración se multiplica por 1.45 veces para el período de 50 años. Ademas: Las 3 provincias más pobladas en 1960 concentraban el 30% de la población mientras que en 2010 las tres más pobladas concentraban el 52% de la población.
¿La cantidad de provincias con disminución de población crece entre los censos de 2002- 1993 y 2010-2002 (cuadro 1 y 2): de 8 provincias entre 2002-1993 se pasa a 10 entre 2010 a 2002.
¿Hay 9 provincias que han perdido población desde 1993 en adelante, estas son: El Seibo que perdió el -9.4% de su población desde 1993, la provincia Hermanas Miraban también perdió el -9.4% de su población, San Juan perdió el -8.0%, Santiago Rodríguez el -7.5%,
Baoruco perdió el -7.5%, Sánchez Ramírez el -7.2%, Dajabón ha perdido el -6.8%, San José de Ocoa el -3.9% y Elías Piña el -2.5%.
Es decir, la población se concentra y las diferencias interprovinciales de población aumentan.
2) La diferencia interprovincial de pobreza aumenta. El Ministerio de Economía homogenizó los Mapas de Pobreza de 1993, 2002 y 2010 para que pudieran ser comparables en el tiempo. La comparación indica que, si bien la tasa de pobreza nacional disminuyó entre 1963 y 2010, la distancia de los niveles de pobreza de cada provincia con relación al promedio nacional se ha más que duplicado (2.34 veces). Es decir, las provincias pobres son relativamente más pobres con relación a las provincias que tienen más población no pobre.
Se aprecia que las cuatro provincias del suroeste son las más pobres, con una tasa promedio de pobreza de 76.4% (1.89 veces el promedio nacional) y las 7 provincias fronterizas según lo define la Ley 28-01, tienen una tasa de pobreza de 66.5% equivalente a 1.64 veces el promedio nacional. En resumen, la dinámica de la economía dominicana distribuye los beneficios del crecimiento de manera cada vez más inequitativa a nivel territorial y por supuesto a nivel social.
Esta situación no es inevitable. Las diferencias relativas interprovinciales no tienen por qué crecer. No es un resultado inevitable.
Además, es inaceptable para un país que el resultado en la vida de su población pueda depender del lugar donde haya residido y no del esfuerzo personal. No es aceptable, desde la perspectiva de derechos, que las capacidades y oportunidades que tenga un dominicano o dominicana que haya residido en Elías Piña sean menores que las que han residido en el Polígono Central del Distrito Nacional.
Políticas públicas. Esas distancias hay que reducirlas a través de políticas públicas. El Estado debe garantizarle un mínimo de calidad educativa, de salud, de oportunidades de empleos, de acceso a los servicios públicos a todos los ciudadanos dominicanos. El primer paso que debe dar en esa dirección es mejorar la calidad del gasto y terminar con el clientelismo.
El Estado dominicano no tiene políticas hacia el territorio y no está claro en función de cuáles criterios asigna los recursos presupuestarios. La inversión pública de los últimos años ha estado concentrada en construcción de escuelas, centros de salud, red vial y algunas carreteras. En teoría, en el mediano y largo plazo la inversión pública debería estar asociada positivamente con la tasa de pobreza de cada provincia para contrarrestar la situación de privación en el territorio.
Al asociar la tasa de pobreza de cada provincia con el nivel de inversión per cápita promedio del período 2014 a 2017 (únicos años disponible -2014-2015, 2016 proyectado y 2017 presupuestado), se observa que no existe prácticamente ninguna relación entre esas dos variables, lo que significa que muy probablemente la inversión pública va a donde no se necesita y no llega donde se necesita, mostrando un gran desorden de la gestión pública.
