Recientemente un diplomático extranjero me preguntó cuáles eran los avances más significativos experimentados en la sociedad dominicana. Por supuesto, entre ellos, cité la educación.
Lo hice no porque entienda que, ni remotamente, alcanzáramos ya una educación de calidad, que debe ser pública, gratuita y universal, sino por lo significativo que fue ver diferentes sectores sociales y económicos juntos demandando que el Gobierno cumpla la ley y asigne el 4% del PIB a la Educación, y porque tiene un sello de victoria ciudadana y colectiva.
Sin embargo, aunque usualmente los mayores aprendizajes en la vida vienen en fracasos y derrotas, la victoria de la lucha por el 4% para Educación nos ha dado grandes lecciones.
Una de ellas es que no basta con demandar aumentos de partidas presupuestarias. El eje inversión y gasto de calidad debe ser protagonista desde el inicio de cualquier proceso reivindicativo.
Esto porque el estudio Calidad del Gasto Educativo en República Dominicana, realizado por la Acción Empresarial por la Educación (Educa), revela dispendio de recursos públicos y mala administración como pan de cada día en el Ministerio de Educación.
Para muestra dos botones: En 2013, Minerd gastó RD$4,338,669 en la compra de 100 celulares para directores distritales, monto que equivale a unos 43 mil pesos por equipo, y en los últimos años ha gastado 55 millones en pabellones o stands para ferias del libro y otros 55 millones para viajes al exterior sólo en 2014.
Como si esto fuera poco, entre 2011 y 2015 se contrató más personal administrativo que docente (40% maestros, 80% personal), incrementando 155% el gasto en personal.
Por un lado, estos datos demuestran que más que la extensa y también costosa labor propagandística del mito de la revolución educativa, es necesario que Educación se aboque a un saneamiento y control del gasto. Por el otro, reviven el legendario fantasma de la impunidad política en la administración estatal porque los funcionarios salientes del Minerd, responsables de este caos, quedan ilesos, sin rendir cuentas ni pagar consecuencias por dilapidar recursos de este pueblo.
¡Todo lo contrario! como aquí ciertos funcionarios no pueden vivir fuera de “la teta del Estado”, éstos fueron rotados a otros ministerios y nada nos asegura que no repliquen allí el mismo modus operandi de derroche de recursos y de mala administración.
Deberá llegar el día en que la mala administración pública sea punible en la República Dominicana.
Estas son lecciones que debemos tomar en cuenta ahora que como sociedad tenemos pendiente emular versiones mejoradas de la lucha por el 4% para Educación en áreas como Salud y Justicia.
¡Eso sí!, que nadie nos hable de aumentar presupuestos sin colocar candados contra el robo, los corruptos y los abusadores.