La Ley Minera vigente es una obsoleta legislación de 46 años que tiene características de patente de corso, afirmó el ministro de Energía y Minas, Antonio Isa Conde, quien defendió el proyecto de ley con el que se intenta modificar esa pieza para garantizar que en el futuro el Estado dominicano obtenga más beneficios por la explotación de minerales.
“Si nos llevamos de la ley, no de los contratos especiales como el de la Barrick Gold que se pudo renegociar para obtener más beneficios, hay cosas que lloran ante la presencia de Dios.
“Por ejemplo, una empresa puede explotar un yacimiento de oro, tener pérdidas, y el único beneficio que recibe el Estado es un 5% que se lo reduce de sus beneficios, y si no tiene beneficios el Estado no recibe nada”.
Durante su participación en el Almuerzo del Grupo de Comunicaciones Corripio explicó que la ley vigente plantea que se puede dar una concesión por 40,000 hectáreas y hasta por 75 años.
“En el año 2012 teníamos ya 1,660,000 hectáreas en concesión de exploración, pero logramos reducirla, declarando caducidad a 670 hectáreas, pero ya teníamos 400 hectáreas en solicitud para exploración y eso lo paramos hasta que cambiemos la normativa porque no podemos seguir por ahí”, manifestó.
Alberto Reyes, viceministro de Hidrocarburos, abundó sobre el tema y dijo que las concesiones mineras más grandes pagan anualmente RD$20,000 por 20,000 hectáreas mineras por concepto de patente, lo que consideró pírrico.
“Si usted no ha indexado valores hace más de 45 años, son montos pírricos, por eso el primer tema que hay que tratar es el de las patentes. Hay personas que tienen 10 y 15 concesiones, todas de miles de hectáreas mineras porque no les cuesta nada”.
Reyes explicó además que República Dominicana es el único país de la región que permite que la regalía, que es la contraprestación real por el recurso explotado, sea un adelanto al Impuesto sobre la Renta.
“Si usted al final abulta sus costos o es ineficiente en sus operaciones y no paga Impuesto sobre la Renta, puede estar operando sin pagar impuestos. Podemos discutir un monto de regalía razonable, no si debemos tenerla. Esos son temas que saltan a la vista, que son distorsiones graves por una ley que no se ha actualizado en 46 años”.

Mensaje a los críticos del proyecto de ley. A Isa Conde se le planteó que sectores de la industria minera objetan el proyecto de ley por considerar que lesionaría sus operaciones con más cargas impositivas, y porque violentaría la seguridad jurídica.

En ese sentido el funcionario afirmó que no pueden haber transformaciones que no afecten a alguien, “porque si eres una empresa que saca las riquezas del país, que son recursos no renovables, eso tiene que ser ganar ganar”.
“Yo no quiero pisotearte los derechos, pero sí que compartamos los beneficios de manera justa. No es posible que te sigas llevando las riquezas mineras dejando un hoyo en la tierra.
“No haces nada vendiendo todo el oro del mundo y que tus beneficios sean pírricos, es mejor vender menos y ganar más porque son recursos no renovables”.
En cuanto a la seguridad jurídica destacó que cualquier iniciativa que implique cambios legales se hará bajo las normas jurídicas locales e internacionales.

La mina de oro de San Juan. Isa Conde informó que está en su etapa final el proceso mediante el cual la empresa Gold Quest solicita se le apruebe la explotación de la mina de oro ubicada en Juan de Herrera, San Juan.
Al destacar que ese proceso tiene retrasos dijo que “si ese proyecto, o cualquier otro, cuenta con todos los requisitos a nivel minero nuestro deber es otorgar la concesión, pero una concesión minera no implica el derecho de explotar, con esos papeles tienes que ir a Medio Ambiente, que dirá con cuáles requisitos tienes que cumplir”.

“Vamos a ser todo lo posible para que los proyectos que están en el Ministerio salgan con un grado de beneficio y seguridad para el país, por encima de los estándares que se usaban anteriormente, y yo espero que también en el Ministerio de Medio Ambiente se trate con la misma vara, pero apegado a la ley”.
Asimismo dijo que, aunque la Dirección de Minería dio su visto bueno para que se apruebe la explotación de la mina, en términos de jerarquía es el Ministerio de Energía y Minas que tiene la última palabra.