Si fuéramos a personificar a la fuente que por omisión larva los comportamientos delictivos en esta sociedad habría que bautizarla como “Doña Impunidad”. Un estudio exhaustivo de la ONU sobre las causas de los homicidios que sitúan a la América Latina de que formamos parte como la región más violenta del mundo, indica que las insolentes fallas de los Estados en perseguir y castigar el crimen resultan el principal factor coadyuvante de acciones contra la vida humana. De las terribles condiciones que vuelven hostiles a las ciudades y que colocan a la gente en desesperante actitud de protesta, como ocurrió hace poco en Santiago de los Caballeros; como sucede con los acorralados moradores de Los Alcarrizos, etcétera, etcétera, etcétera.

La alta incidencia de la criminalidad expresa en nuestro medio una alarmante falta de sanción, hasta el punto de que dos de cada tres ciudadanos temen ser víctimas de los antisociales al salir de sus casas, como indicó recientemente una acreditada encuesta. Y aún más: vivimos los efectos de la incapacidad del Ministerio Público para sustentar acusaciones. Recientes declaraciones del presidente de la Suprema Corte de Justicia así lo atestiguan. La “prosperidad” del crimen se revela también en la alarmante frecuencia con que algunos agentes policiales y de la DNCD hacen causa común con pandillas delictivas en vez de situarse del lado de la ley.

UNA CONQUISTA CON SUS BEMOLES

El Gobierno ha hecho un esfuerzo importante para cumplir su compromiso de suprimir las cuotas de recuperación en los hospitales públicos y aunque ha compensado el cierre de esas entradas con la entrega regular de subsidios, los centros reciben la presión de una mayor llegada de pacientes. Tales recursos adicionales no siempre alcanzan para la adquisición de una mayor cantidad de insumos médicos para preservar la calidad de las atenciones.

Es cierto que las cuotas de recuperación exigidas a los usuarios cerraban puertas a los pobres de solemnidad. A quienes no tenían ni en qué caerse muertos. Pero ahora ocurre que la precariedad de recursos para el sostenimiento de los hospitales también propicia negaciones y habría gente dispuesta a buscar dinero donde sea para garantizarse la atención. Es como decir: palo si bogas y palo si no bogas a menos que el Estado se decida por aportar más recursos.