La migración haitiana ha sido un gran negocio para muchos sectores en República Dominicana desde los tiempos de los bochornosos contratos, que denunció el entonces presidente haitiano Jean Bertrand Aristide, para el corte de la caña. Nunca se entendió la necesidad de regular esa migración y por las ventajas que generaba lo que se hacía era fomentarla.

Hoy el país tiene el gran problema de una población que genera toda suerte de problemas demográficos, educacionales, jurídicos, de salud y hasta diplomáticos. Sin ninguna documentación ni nada, esos haitianos llevan años y años aquí, con familias y vínculos que obligan a examinar el caso con el mayor cuidado para evitar problemas internacionales.

Los haitianos ilegales pueden ser tanto repatriados como provistos de documentación de inmigrantes; es además lo que se estila en todos los países del mundo. Lo que no se puede es tener esa gran población sin definición alguna, pero también sin escuela y hasta cuestionando el derecho que tienen a la salud. Es un juego politiquero muy propio de los gobiernos que administran el Estado para si y no para el bien de la colectividad.

De manera que con el preocupante problema haitiano no debe hacerse mayores ilusiones, sino tratar de resolverlo en esta reforma constitucional que está llevando a cabo la Asamblea Revisora.

Por otra parte, es bueno señalar que Amnistía Internacional nos tilda de xenófobos y racistas, falso de toda falsedad; ni el gobierno dominicano, ni tampoco en el sector privado se fomenta la hostilidad contra los ciudadanos haitianos; muy por el contrario, aquí se le da albergue, salud, educación y trabajo.

Una prueba evidente y tangible es que con frecuencia la prensa se hace eco de las grandes cantidades de mujeres haitianas que dan a luz en los hospitales de República Dominicana.