Vuelve la Cámara de Cuentas a fastidiarnos con su cantaleta sobre los funcionarios públicos que no han presentado su declaración jurada de bienes, con lo que vuelve a recordarnos ese organismo fiscalizador que en este país los políticos son ciudadanos privilegiados, pues no solo no están obligados a cumplir la ley, como el resto de sus mortales conciudadanos, sino que tenemos también que premiarles permitiéndoles que se enriquezcan a expensas del Presupuesto Nacional y que, para colmo, les permitamos disfrutar de sus riquezas mal habidas sin el impertinente acoso de la justicia o las desagradables amenazas de enviarlos a la cárcel. Un total de 4 mil 61 funcionarios figuran en la lista de omisos de la Cámara de Cuentas, entre los que figuran 106 diputados, 159 alcaldes, 244 vicealcaldes, mil 589 regidores y cuchucientos directores de distritos municipales, pero la Oficina de Evaluación y Fiscalización del Patrimonio de los Funcionarios Públicos, que ayer dio a conocer la información, no dice qué se hará con aquellos a los que no les da la gana (a estas alturas nadie puede alegar ignorancia de esa obligación, aunque lo diga el Presidente) de cumplir con el mandato de la ley. ¿Y saben por qué? Porque no puede hacer nada, como tampoco puede hacerlo el Ministerio Público o cualquier otra instancia de nuestro ordenamiento jurídico, para evitar que esos 4061 funcionarios electos mediante el voto directo se burlen de nuestro famélico sistema de consecuencias y, sobre todo, de los ciudadanos que los elegimos.
Dos preguntas.- ¿Cuántos cadáveres mas tendrán que aparecer en el entorno al Faro a colón, donde ayer fue encontrado un hombre asesinado de un balazo en la cabeza, para que la Policía Nacional disponga una vigilancia permanente en la zona? ¿O estoy aspirando a demasiado, con los tantos “vagos” que cobran sin trabajar en sus filas?