La relatora especial de la ONU sobre explotación sexual infantil en el mundo, Maud de Boer-Buquicchio, afirmó ayer que en la República Dominicana esta problemática es preocupante, por lo que recomendó al Congreso Nacional modificar el Código Civil para establecer la prohibición absoluta y sin excepciones del matrimonio infantil.
Indicó que ahora que los legisladores discuten la reforma de esa norma, que data del XIX, “el país tiene una oportunidad única para combatir este mal”.
En rueda de prensa en la sede de las Naciones Unidas, Boer-Buquicchio aseguró que el matrimonio infantil, refiriéndose a cualquier unión donde al menos una de las partes es menor de 18 años, es una práctica común en el país que afecta principalmente a las niñas.
“Esto es un crimen que viola los derechos de niñas, incluyendo su derecho a la educación, salud, al desarrollo y vinculado, en muchas ocasiones, al embarazo adolescente”, expresó la relatora, quien por ocho días evaluó la venta y explotación sexual de niños en el país.
Indicó que aunque reconoce los ingentes esfuerzos de las autoridades, que han impactado de manera positiva en los derechos de la niñez, todavía hay tareas pendientes en lo que se refiere al abuso sexual infantil, violencia familiar contra niños y su explotación sexual en el turismo.
En el turismo. Boer-Buquicchio manifestó que la explotación sexual de niños tiene gran presencia en el sector turismo, debido a que una gran cantidad de turistas aprovechando su vulnerabilidad los utilizan para explotarlos.
“Aunque no existen datos oficiales, sobre la dimensión de esta lucrativa actividad criminal, es bien sabido que la explotación sexual infantil ocurre en distintas playas del país”, señaló.
Pero además de eso, dijo que existe un “alarmante nivel de abuso sexual y violencia intrafamiliar contra niños y niñas”, lo que a su entender está vinculado a la pobreza, disfuncionalidad en las familias y la falta de educación.
La expertas recomendó además, fortalecer el Consejo Nacional para la Niñez (Conani), en lo que respecta al diseño, coordinación e implementación de políticas para la protección infantil efectiva.
También establecer mecanismos de denuncia y reporte accesibles a la niñez, incluidas líneas de ayuda gratis y de fácil acceso para niños y niñas, invertir recursos y adoptar las medidas necesarias para garantizar la presencia de la Policía Nacional en las investigaciones de abuso y explotación sexual infantil, entre otros.