Desde que se hicieron de fácil y económica adquisición los teléfonos móviles inteligentes –los cuales provistos de cámaras fotográficas de alta definición y fidelidad– son utilizados por sus propietarios para, además de mantenerse comunicados permanentemente con el mundo exterior, enviar datos, fotos y videos, sin tener que recurrir a sofisticados medios de comunicación, tales como ordenadores, tanto fijos como portátiles, o los denominados courier.

Últimamente se ha destapado una ola de informaciones acompañadas de videos o fotos, en los cuales se atenta contra la honra y la seriedad de personas influyentes, reconocidos políticos, exitosos empresarios y hasta religiosos, que han dado mucha agua de beber a las iglesias, principalmente a la católica y han obligado a su Santidad el papa Francisco a pedir públicamente perdón por los abusos de ciertos curas, señalados como pederastas, que han abusado de menores, tanto en los colegios como en los seminarios eclesiásticos.

Amplios sectores de la población están divididos en cuanto atribuirle credibilidad absoluta a todo el material que suben a las redes, teniendo en cuenta, que muchas de las acusaciones tienen repercusiones negativas, no solo para los señalados, sino también para sus familiares y amigos cercanos, los cuales abrigan la duda sobre este tipo de acusación, denuncia o incriminación. Los más crédulos se aferran al refrán popular que expresa: “cuando el río suena es porque agua trae” o también, “difama que algo queda”.

Ahora bien, cuando el hecho delatado tiene connotaciones reales y de público conocimiento, el imputado queda desprovisto de medios de defensa, ya que es muy difícil probar lo contrario y sucede como cuando se rebosa un vaso de leche, es imposible volver a recoger totalmente el líquido derramado.

El problema que se suscita es el entrometimiento en la vida de personas que ni siquiera conocemos y las juzgamos sin darle ocasión de defenderse, ya que el delator da por sentado que la gran mayoría del público lo dará como bueno y válido.

Por otra parte, el lado positivo de estas manifestaciones es que difícilmente estos acontecimientos sean divulgados por la prensa, principalmente si el hecho afecta a un encumbrado político, legislador, empresario o perteneciente al Sistema Judicial. Al parecer, para los jueces o Ministerio Público venales, la única sanción sería el repudio permanente de la ciudadanía, ya que se ha comprobado hasta la saciedad, que estos jueces y representantes de la sociedad, están inmunes a la recusa pública por su amañado contubernio con empresarios o servidores públicos seleccionados, o desestima una acusación contra un influyente político o archiva el expediente, tal y como está aconteciendo con el proceso de Odebrecht.

A nuestro parecer, las redes sociales están actuando como cuando en la mal llamada Era de Trujillo, el periódico El Caribe tenía una sección denominada Foro Público, en donde al mortal que aparecía en él, le era imposible quitarse ese San Benito, teniendo que soportar el estigma hasta tanto el público, por razón del tiempo transcurrido, se olvidara de ello.

Estamos viviendo tiempos de zozobra y de maledicencia. Por eso, lo mejor es actuar con transparencia y sin tratar de ocultar hechos por los cuales se cuestionen y se puedan encausar a un ciudadano. Esto conlleva actuar con limpidez y descartar cualquier operación oscura que pueda resultar en un bumerang contra su persona.

Es de rigor, que sin ponerle trabas a la libertad de expresión o al libre albedrío de la población, se regule este engendro conocido como “redes sociales”, ya que si no se controla, podría ser la causa de sucesos trágicos que traigan luto y dolor al pueblo dominicano.