Hay una cita del gran jurista Gustavo Zagrebelsky, que aparece en su magnífico librito “El Derecho dúctil”, que no me canso de incluir en mis libros, artículos y ensayos y que siempre les repito a mis estudiantes porque, a mi modo de ver, ella constituye la mejor definición que conozco hasta ahora del tipo de ser humano y jurista que es incompatible con el Estado Constitucional de Derecho, con la cultura jurídica que le sirve de sustento y con los valores que proclama una Constitución democrática, liberal y social. Para el antiguo juez del Tribunal Constitucional italiano “los hombres y los juristas ‘inflexibles y sin matices’ no se compadecen bien con el tipo de vida individual y social que reclama el Estado constitucional de nuestro tiempo. Su presencia, además de ser fuente de fragilidad y emotividad, constituye un potencial de asocialidad, agresividad, autoritarismo y, en fin, no solo de inconstitucionalidad, sino también de anticonstitucionalidad”.
Me ha venido de nuevo a la mente esta frase al leer, como todos los miércoles, el más reciente artículo del profesor Nassef Perdomo. Reivindica Perdomo el valor de una Constitución abierta y plural cuando afirma: “Para algunos la Constitución no es un pacto social, sino simplemente una imposición de la visión propia del mundo que ven reflejada en su texto. Entienden que solo es constitucional aquello con lo que ellos están de acuerdo, y que la libertad de las personas se limita a hacer lo que ellos entienden aceptable. Este tipo de personas suele entender mal la Constitución, porque, con todas sus faltas, esta tiene una lógica distinta y distante a la planteada. Por eso, quienes quieren ver en la Constitución un sustento jurídico a su cerrazón no resisten el debate constitucional. A lo que se dedican es a salpicar el escenario con insultos con la esperanza de que los demás se alejen asqueados y los dejen solos en el escenario”.
¡Qué gran verdad! El Estado Constitucional de Derecho requiere personas y juristas respetuosos de la libertad de expresión de todos, conscientes de que las verdades jurídicas no son artículos de fe, que los derechos fundamentales no son absolutos pero que hay limites a los limites de los derechos fundamentales, que la interpretación de las normas constitucionales surge de una deliberación transparente, participativa, publica y plural, y que el consenso político y social emerge precisamente de esa deliberación democrática.
Nadie puede erigir sus posiciones en incuestionables verdades jurídico-constitucionales y pretender excluir del debate a sus adversarios, desacreditando sus argumentos, sin siquiera analizarlos y ponderarlos.Como afirma Peter Häberle,ciudadanos y juristas formamos parte de una gran “comunidad de intérpretes” de la Constitución. Esa comunidad está compuesta por todos los poderes públicos, órganos estatales, jueces, ciudadanos, agrupaciones, con lo que el Estado-juez deja de monopolizar la interpretación jurídico-constitucional y se produce una “democratización de la interpretación constitucional”, facilitada por el hecho de que “quien ‘vive’ la norma (co-) interpreta también”, deviniendo así el Tribunal Constitucional, mediante la acción popular en inconstitucionalidad, en un “tribunal de la sociedad”, “tribunal ciudadano”, como bien lo ha proclamado su presidente, el magistrado Dr. Milton Ray Guevara, sobre la indeleble estela de Häberle, jurisdicción en dialogo permanente también con el resto de los jueces.
Si estas personas y juristas ‘inflexibles y sin matices’ dificultan el debate político-constitucional, cuando a ello se suma el medio del debate que son hoy las redes sociales, el diálogo es prácticamente imposible. Como dijo hace tiempo Umberto Eco, en muy citado y “políticamente incorrecto” comentario, “las redes sociales le dan el derecho de hablar a legiones de idiotas que primero hablaban solo en el bar después de un vaso de vino, sin dañar a la comunidad. Ellos eran silenciados rápidamente y ahora tienen el mismo derecho a hablar que un premio Nobel. Es la invasión de los idiotas”. Según Eco, “la televisión ha promovido al tonto del pueblo, con respecto al cual el espectador se siente superior. El drama de internet es que ha promocionado al tonto del pueblo al nivel de portador de la verdad”.
En la Era de Trujillo y en el escenario del partido comunista, las opiniones conflictivas eran proscritas. Hoy, en democracia, pululan las opiniones en conflicto, muchas veces radical y virulento. Pero no es posible alcanzar consenso. No es un fenómeno exclusivamente criollo, sino global. Como afirma Bernard Manin, “el pluralismo ha ganado, manifiestamente. Pero las opiniones opuestas dialogan pocas veces entre ellas. Hemos entrado en la era del pluralismo sin debate”.