Como parte de la destrucción, el pillaje y el robo, el Consejo Estatal del Azúcar ha sido convertido en una piñata repartida de manera ilegal, abusiva, inmoral sin que nunca hubiera sanciones para los culpables del despilfarro de tan importante bien público.
El CEA se lo llevaron en los bolsillos personas que actuaron con toda impunidad, debido a la irresponsabilidad de quienes, por una y otra razón, se aliaron y actuaron con una actitud cómplice que contribuyó para que no hubiera sanciones.
Ese no es el único caso, lo mismo ocurrió con la Fábrica de Papel de Villa Altagracia, con la licorera La Altagracia, con la ferretería Read, con la Fábrica Dominicana de Cemento, con la Fábrica Dominicana de Calzados (FADOC), con la Fábrica de Sacos y Cordelería, con la Fábrica de Clavos, con la Hacienda Fundación, con la Fábrica de Vidrio, con la Fábrica de Armas y otros bienes públicos.
¿En qué recodo de la política de corrupción de cuáles gobiernos fue vilipendiado ese enorme patrimonio de la nación, sin que nunca hubiera sanción?
Esos negocios fueron ideados, capitalizados y creados con el sudor y las lágrimas del pueblo dominicano, explotado hasta más allá de lo creíble por un grupo que se benefició de la larga permanencia en el poder de su sombrilla, Trujillo.
El magnicidio que inició la desaparición de la larga tiranía también despertó la codicia y la rapacidad de muchos que aprovecharon para hacerse con los bienes públicos, mientras el pueblo estaba borracho de libertad y buscaba crear un régimen democrático que nos permitiera vivir en un lugar digno bajo el sol.
Mientras luchábamos por vivir sin temor, algunos vivos se alzaron con parte del patrimonio nacional, usando el poder y la fuerza de la amenaza, la corrupción y el abuso, de las triquiñuelas legales, de la complicidad de muchos bandidos de cuello y corbata. En muchos casos el robo, la piñata fue derramada de modo tal que parecía como que todos lo aprobábamos, pero nunca se pidió nuestra opinión.
Durante años formo parte de quienes hemos pedido sanción para los criminales, militares y políticos, que violaron los derechos humanos, pero no tuvimos constancia para demandar castigo para los delincuentes económicos.
La inducida quiebra del CEA no sólo cerró los ingenios, para que ahora importemos azúcares, sino que también dilapidó el patrimonio que significaba el formidable parque vehicular y las maquinarias que fueron desmontadas y vendidas como chatarras, para beneficio de vendedores y compradores quienes se repartieron la diferencia entre el precio real y el precio vil a que las vendieron.
La memoria histórica consigna que los delincuentes han triunfado debido a la impunidad que se pasan de unos a otros ¿hasta cuándo lo vamos a permitir?