Simplemente voy a asumir la ética como la conducta correcta y deseable. Claro, siempre será un campo de tensión determinar en cada momento, en cada sociedad, qué es lo correcto. Pero esa discusión también la voy a evitar.
Para que tengamos una perspectiva del referente ético en la evolución histórica dominicana, digamos que desde 1844 a la fecha, es decir, en 174 años, en la República Dominicana, en términos del ejercicio del poder hay tres paradigmas no discutidos: 1. Juan Pablo Duarte: padre fundador de la República; lideró la Gesta Independentista y fue parte de la primera Junta Gubernativa, luego de la Independencia Nacional; 2. Ulises Francisco Espaillat: que fue presidente luego de la Restauración de la República en 1876, por 5 meses; 3. Y el profesor Juan Bosch, presidente constitucional en 1963, derrocado 7 meses después, el 25 de septiembre de ese mismo año.
En la evolución histórica dominicana estos tres hombres públicos, y que de manera efímera ejercieron el poder, son reconocidos cada uno en sus circunstancias, como tres referentes éticos. Digamos que es un lugar común en los historiadores, que ellos tres, en su momento, representan modelos éticos, con una conducta moralmente correcta.
Estoy tratando de resaltar de entrada, lo que significa que en 174 años de historia republicana, tan solo tres gobernantes dominicanos hayan sobresalido con un ejercicio del poder éticamente incuestionable. Esto nos da una idea de cuán escasa ha sido esta conducta a lo largo de nuestra experiencia histórica.
Voy a distinguir dos planos de la ética y la política en una sociedad democrática: Por un lado la ética individual del ciudadano, y por otro lado, la conducta ética de un ciudadano que asume funciones públicas, como representante electo o funcionario público designado.
La primera cuestión que pudiera planteársenos en el marco de una ética ciudadana individual, es si es ético que un ciudadano asuma una posición de indiferencia o una posición individualista respecto de los problemas de la sociedad donde vive, y solo se concentre en la búsqueda de su bienestar propio.
Sin dudas, en una sociedad democrática pudiéramos decir que por definición no es moralmente correcto la autoexclusión o el individualismo como conducta ciudadana, toda vez que la Democracia por definición es un régimen político en el cual la ciudadanía es el poder soberano. Siendo así, cada ciudadano es el depositario de una parte alícuota del poder. Entonces, desde el punto de vista ético cada uno tiene una obligación moral de hacer un ejercicio responsable de esa cuota de poder de la que es depositario. Por tanto, no es admisible un ciudadano políticamente indiferente en la toma de decisiones y políticamente indiferente en ser parte de la solución de los problemas de su sociedad. Claro, corresponderá a cada ciudadano, de acuerdo a su formación y sus creencias, decidir de qué forma y bajo qué encuadramiento ideológico asumirá la responsabilidad de participación y de ejercicio de su cuota de soberanía. Pero el punto que queremos resaltar es que bajo esta premisa no es éticamente correcto, en una sociedad democrática, un ciudadano indiferente respecto de la toma de decisiones mediante sufragio, referéndum, así como tampoco, no participar e involucrarse en influir en su comunidad y a nivel nacional, para que el Gobierno sea mejor.
Por tanto, no es solamente participar en política en lo que respecta a la elección de los gobernantes o en la militancia en los partidos, sino que lo éticamente correcto es que, el ciudadano se involucre en hacer que los representantes de su comunidad o nacionales gobiernen conforme a los valores democráticos y a la ley, en fin, en exigir el buen Gobierno.
Lo que estoy diciendo implica asumir que el deber del ciudadano en exigir el buen Gobierno está por encima de sus simpatías y lealtades políticas coyunturales. El compromiso del ciudadano con el buen Gobierno atañe al bienestar colectivo de la comunidad e insisto, tiene que estar por encima de las simpatías y lealtades políticas individuales.
Este posiblemente sea un punto de quiebre ético para muchas personas, cuando supeditan sus deberes con la colectividad a las lealtades políticas individuales.
Todo esto nos lleva a evitar una falsa conducta de participación en política en el concepto de que todo lo que hace el adversario está mal y debo atacarlo y todo lo que se hace desde mi encuadramiento y simpatía política está bien y debo justificarlo, y en realidad, la conducta correcta es defender y apoyar toda acción de buen Gobierno que sea beneficioso a la comunidad y rechazar todo lo que sea perjudicial, por comisión u omisión, para la comunidad, no importa si proviene de la formación política en la que se milita o de la que se simpatiza.
Por tanto, desde el punto de vista de la ética individual del ciudadano, arribamos a dos cuestiones fundamentales: Primero, éticamente no es correcto asumir una posición de indiferencia política en los momentos en que se requiere de la participación ciudadana en la toma de decisiones políticas y frente a las manifestaciones concretas del ejercicio del poder; y segundo: No es correcto poner por encima la lealtad o simpatía partidaria o ideológica o personal, a la lealtad que se debe profesar frente a la búsqueda de lo conveniente para el bien común.
Pasemos entonces, a otro plano y coloquémonos en la perspectiva de lo éticamente correcto del ejercicio del poder en una función o representación pública. Algunas de las cuestiones que vamos a mencionar, aunque están pensadas desde lo público son también aplicables en el ámbito de las actividades privadas que cumplen una función pública (el caso de un empresario, de un colegio, de una clínica privada).
En una sociedad democrática hay algunos valores que son propios de un desempeño ético en una función pública: la transparencia, la rendición de cuentas, el manejo honesto y la gestión austera de los bienes y recursos públicos, el apego a la legalidad, el fortalecimiento de las instituciones, entre muchas otras.
Si fuéramos a decir en pocas palabras qué es lo éticamente correcto de un servidor público, tendríamos que convenir que lo propio de este, además de su capacidad, integridad, compromiso democrático, es su disposición a servir a los demás, en contraposición a lo que sería utilizar la función pública para servirse de ella en beneficio personal.
[1]Fragmento de la ponencia en el Foro “La Política y la Ética en tiempos de Democracia” realizado por la Asociación Leonardo Da Vinci, Inc., en ocasión de la celebración de su XXXIII aniversario.