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El Sistema Dominicano de Instituciones de Educación Superior atraviesa por un período de transición de un sistema altamente centralizado, uniforme y muy ligado a las tradiciones, hacia uno mucho más descentralizado y fundamentado en una nueva doctrina de autonomía universitaria implícita en la Constitución de la República y consignada en las leyes 5778 y 139-01 de Educación Superior Ciencia y Tecnología. Aunque no con la celeridad que todos deseamos, cabe decirse que, en los últimos cincuenta años, hemos avanzado en materia de gestión de instituciones de educación superior, lo que les ha permitido a nuestras universidades y a nuestros institutos politécnicos de estudios superiores disfrutar de autonomía institucional y académica. Y a varias de ellas, entre las que se encuentran la Pontificia y Real Universidad Autónoma de Santo Domingo y la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, el ejercicio pleno de su autonomía, es decir, crear y ofertar programas académicos sin requerir la autorización del Ministerio del ramo junto a otras concepciones. A nivel de universidades se advierte una clara tendencia a la reorganización y flexibilización de sus estructuras académicas, en la cual el departamento se impone como unidad estructural básica, desplazando a la cátedra como núcleo fundamental de docencia e investigación.
Cualquier visitante extranjero que hubiese conocido nuestro país en los días oscuros de la dictadura trujillista se sorprendería ante los cambios que los aires de libertad han logrado introducir en la sociedad dominicana, entre los que merece destacarse el pleno disfrute de las libertades públicas, y lo que igualmente importante, la reafirmación de la autonomía universitaria con miras a ofrecerles a todos igualdad de posibilidades de educación, promover la conservación del progreso y la transferencia de conocimientos, y contribuir a preservar y difundir la cultura. En todo ese lapso de tiempo, el entorno académico, económico y político de la Universidad Primada de América y de otras ha experimentado cambios de los tipos más diversos y, en la actualidad, están imbuidas en experimentar otros de grandes dimensiones. Pero, casi todos los gobiernos que aquí se han sucedido desde el ajusticiamiento del generalísimo doctor Rafael Leónidas Trujillo Molina en adelante, a pesar de haber pregonado tantísimas veces la importancia del papel que desempeña la educación superior en el desarrollo de la sociedad y en el progreso económico del país, no se han mostrado dispuestos a pagar el precio de una educación superior de calidad de la cual todos y todas puedan disfrutar; por el contrario, siempre han pretendido imponer una supuesta mejora del sector a modo de ocultar su verdadero interés que no es otro que el de reducir el gasto público con el propósito de llenar otros cometidos.
Si de veras deseamos contribuir a elevar al máximo la aportación de nuestras universidades al progreso de la nación, debemos ayudarlas a enfrentar el enorme desafío de mantenerse a la altura de los cambios que vienen produciéndose en sus entornos, especialmente aquellos generados por la oferta de planes y programas de estudios no presenciales y por el uso de nuevas tecnologías de la información y difusión de conocimientos.
Tengamos siempre presente el párrafo 1 del artículo 26 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos donde se establece que: “Toda persona tiene derecho a la educación, La educación debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada; el acceso a los estudios superiores será igual para todos, en función de los méritos respectivos” Es en eso en que debemos creer. Y es por eso por lo que debemos luchar.