La ciudadanía está consciente de que la política ha devenido en un fabuloso negocio, consecuencia de que, en la “mentada” democracia, un grupo o partido político con mayoría absoluta o simple, adquiere, a través de elecciones, el derecho a manejar los recursos del Estado con una maquinaria administrativa llamada poder ejecutivo y que incluye, generalmente, a los legisladores.
Dentro de la prostitución de los mecanismos democráticos han tenido papel protagónico las juntas centrales electorales que han pasado de organismo supervisor o regulador a entidad santificadora de fraudes y truchimanerías de los políticos, con el agravante de que, por lo menos en nuestro país, recibe multimillonarias sumas de dinero para preparar comicios e incluyen partidas presupuestarias para regalarlas a la red de partidos o agrupaciones políticas como reconocimiento a sus ingentes “aportes” a la nación, donde se destacan las tóxicas campañas publicitarias, la contaminación medio ambiental y mercadeo absurdo de candidatos calaveritas.
Atendiendo a lo planteado anteriormente, se informó que en este año, no electoral, la Junta Central Electoral distribuirá, a la red partidaria nacional, integrada por partidos políticos mayoritarios, minoritarios, minúsculos y rémoras que les acompañan, 1,260 millones de pesos, succionando el erario en un espectáculo vergonzoso de repartidera de dinero que podría ser utilizado en verdaderas o urgentes necesidades de la gente.
Hay un viejo refrán que reza: La esperanza era verde y se la comieron los burros. El movimiento Marcha Verde necesita cuidarse de los asnos que pueden engullirla en sus ambiciones y afanes de protagonismo. Lo único que parece quedar es la sensación de que los burros están en extinción y las esperanzas tienen más expectativas de supervivencia. ¡Que así sea!