Nueva vez Danilo Medina demuestra que es un político y candidato presidencial atípico o, para decirlo de otra forma, que es un verdadero estadista. No lo digo yo. Lo dice un técnico seco, un profesional de incuestionables credenciales y de apreciada objetividad: Pavel Isa Contreras. A juicio del economista, “el tema fiscal ha retornado a la palestra pública. Ha aparecido de una manera sorpresiva de boca del presidente y candidato Danilo Medina quien respondió a oportunas y necesarias preguntas sobre cuestiones relacionadas. Sorprende que, a pesar del contexto electoral, sus respuestas hayan sido escuetas, pero relativamente directas y francas.
Pero más importante aún es que, antes que esquivar el tema para no ahuyentar votos, habló de la necesidad de abocarse a discutir un nuevo arreglo fiscal, tal como lo manda la Estrategia Nacional de Desarrollo (END), y lo hizo sin que se avecine una crisis inminente que obligue a tomar medidas urgentes” (“Principios para una nueva fiscalidad”, El Caribe, 20 de abril de 2016).
No debería extrañar el comportamiento de Medina, viniendo de un líder de un partido que, como el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) -a pesar de provenir de una izquierda que paradójica y tradicionalmente siempre ignoró la cuestión fiscal no obstante su importancia para un programa progresista de transformación social- , tomó en serio siempre unos tributos sin los cuales es imposible lograr los cometidos exigidos por los valores de la igualdad, la justicia, la equidad y la solidaridad del Estado Social. Fue precisamente tomar en serio los tributos lo que llevó a la modernización de la Administración Tributaria -cuya eficiencia recaudatoria alcanza cotas durante los diferentes gobiernos del PLD nunca imaginadas en anteriores gobiernos- y lo que explica, más allá de las altas tasas de crecimiento sostenido que han caracterizado la economía dominicana a partir de los 90 del siglo pasado y las reformas tributarias parciales que se han realizado consecutivamente en los últimos 16 años, el por qué durante las administraciones peledeístas se multiplicó el presupuesto nacional y se fortaleció significativamente la capacidad de gasto del Estado.
Lógicamente, como es natural en una campaña electoral, la oposición no desaprovechó la oportunidad para decir que un próximo Gobierno de Danilo Medina aumentaría desproporcionadamente los impuestos, quedando fuera de la discusión pública lo que es verdaderamente importante. En primer término, la necesidad de seguir reorientando el gasto público –como ha logrado en gran medida el presidente Medina al cumplir la ley del 4% de educación como exigió la sociedad civil-, pero en esta ocasión propiciando las condiciones necesarias para que el sector privado nacional y extranjero pueda solo o en asociación con el Estado participar en la construcción de las infraestructuras vitales y en el suministro de los servicios públicos, permitiendo así que el Estado garante o regulador dedique sus recursos, no a suplir lo que el sector privado puede acometer por sí solo o asociado con el Estado, sino a suministrar aquellas prestaciones sociales a los sectores más empobrecidos y vulnerables que el sector privado no está en condiciones de asumir. Y lo que es vital además: haciendo más racional y eficiente el gasto público y la inversión social.
En segundo lugar, definidas las prioridades del gasto público y la inversión social, crucial es enfrentar el aumento excesivo del endeudamiento público que tanto preocupa a la clase empresarial dominicana, el cual se debe, como bien ha explicado brillantemente Andy Daujhare, no tanto a un gasto excesivo del Gobierno, el cual es el segundo más bajo de América Latina, apenas un 18% del PIB, sino al bajo nivel de ingresos tributarios del Estado, el cual tan solo alcanza al 13.6% del PIB, el segundo más bajo de la región (“Deuda pública, gasto y exenciones”, El Caribe, 18 de abril de 2016). Aquí lo vital es evitar gravar a los contribuyentes “culpables favoritos” o “sospechosos habituales” y sobre los cuales recae el mayor peso de la presión tributaria: las empresas transparentes y los asalariados. Presión tributaria que, hay que decirlo, aumenta si agregamos la parafiscalidad de la seguridad social, el impuesto de la ineficiencia eléctrica y los costos asociados a la inseguridad jurídica, la corrupción y la ineficiencia estatal. Por eso, contrario a lo que ha propuesto Franklin Almeyda, quien considera que el PLD, en lugar de “seguir gobernando para hacer más ricos a los de la Pirámide Empresarial”, debe aumentar al máximo la presión tributaria, lo que convertiría, para usar las palabras de Peter Sloterdijk, al “ministro de Finanzas en un Robin Hood que ha prestado un juramento constitucional”, lo que se requiere y a lo que el presidente Medina luce inclinado –por lo que dice y por lo que hace- es a una política tributaria de centro, es decir, a propiciar un “booster de confianza” que atraiga la inversión nacional y extranjera. Esto solo puede lograrse mediante una reducción de tasas impositivas, que minimice la evasión, incluyendo la del ITBIS, que puede bajarse sustancialmente, pero expandiendo la base impositiva. Esto, combinado con un aumento del salario mínimo; la racionalización de las exenciones; una política monetaria que siga persiguiendo la estabilidad de los precios -aunque no necesariamente una prima de cambio peso/dólar cuasifija-; y una reforma estructural del sector eléctrico que nos conduzca a precios razonables de energía, pone dinero en manos de los consumidores y de un Estado que puede, con un gasto de calidad y focalizado, enfrentar las necesidades de los más pobres e, incluso, como ha sugerido recientemente Frederic Emam-Zade en el último número de la revista Forbes/RD, innovar con iniciativas redistributivas tales como el “ingreso mínimo ciudadano” o “renta básica”, que nos economizan todo el gasto e ineficiencia propios del Estado social clientelar.