Es un requisito de la Ley 241-67 que todo vehículo de motor en circulación se someta cada año a la correspondiente revisión de sus condiciones físicas y mecánicas. Se trata de un servicio, no un impuesto, cuyo objetivo es darle seguridad a los ciudadanos en las vías públicas, asegurando que los vehículos tengan frenos, luces y otros dispositivos de seguridad en perfecto estado. Se requiere la obtención del documento-marbete oficial que lo certifique.

Pero el Gobierno incumple esta ley, y se aprovecha malamente para recaudar millones, como un impuesto más. Los actores responsables de este desacato no se percatan del daño que le hacen a la base de legitimidad del Estado, a la función pública de ordenamiento del sistema vehicular y de transporte, y a la función recaudatoria misma.

El asunto se torna pintoresco y absurdo, surrealista: El Estado decide aplicar la ley solamente a los que están actuando de acuerdo a ésta, que tienen sus vehículos en buen estado. No la aplica a la gran cantidad de vehículos que no califican para la revista por su avanzado deterioro, que no llenan requisito alguno de seguridad, artefactos de permanente peligro público. Pero como esos vehículos no pueden calificar, el Estado permite que una banda de “facilitadores” (facinerosos) obtenga fraudulentamente los marbetes de revista por unos ridículos $45, que luego venden por $1000 a los vehículos no aptos para circular, y a otros que pagan dicha extorsión por no someterse al abuso legal, a los penosos trámites y esas colas de hasta cinco cuadras. Estos buscones “facilitadores”, a juzgar por la visibilidad de su intermediación, cuentan con el permiso del Estado. Conmueve ver las enormes y lentas filas de conductores obedientes, ejemplos lacrimógenos de increíble docilidad ciudadana.

Esa forma de acción pública es destructiva de la solemnidad del Estado, y pone al recaudador y al policía como actores arbitrarios y abusivos. Produciendo una propensión general a la evasión fiscal y a la desobediencia. El agente policial llega a percatarse de que él está “enactuando” una ley dispareja e injusta, que es inicuo aplicándola, o desobediente si no la aplica. Experimenta una inconsistencia de rol-estatus que lo hace sentirse ridículo, que mina la sobriedad de su función de vigilancia pública y lo provoca a actuar con “discrecionalidad”, a corromperse, convirtiéndose en “macuto-recaudador” por cuenta propia. Las autoridades no parecen conscientes de las consecuencias de esta forma de arbitrariedad. Gran parte de la delincuencia común, que hace de muchos ciudadanos habituales evasores y burladores de la ley, como es el vergonzante caso de los “sindicatos” de dueños de conchos y guaguas, que llevan a muchas personas al cinismo y a la franca desobediencia; proviene de la mala aplicación de la ley, aunque haya años de por medio entre la causa y el efecto, entre la arbitrariedad estatal y la desobediencia civil. La ley, como la mujer del César, debe ser honesta y parecerlo. Esta arbitrariedad no cuadra con la conducta de nuestro Presidente. Tampoco con la del Director de Impuestos.