El pasado miércoles 7 de noviembre, el Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Judicial de San Francisco de Macorís dictó 30 años de condena para Marlon Martínez y 5 años para Marlyn.

La condena a Marlyn no sentó muy bien, pues la sociedad dominicana clamaba por la complicidad de ésta en el aborto y muerte de la menor de edad. Sin embargo, el Ministerio Público no logró configurar la complicidad sino el ocultamiento de cadáver, que el Código Penal castiga con pena máxima de dos años de reclusión.

Ahora bien, existen varios aspectos que debemos analizar de manera particular. En primer lugar, se debe acusar a una norma penal desfasada y que se distancia de las realidades sociales de la República Dominicana.

Segundo, un congreso que cada día deja mucho de que hablar por su incapacidad en el desempeño de su función como legislador y su falta de tacto al no reconocer la urgencia de una reforma íntegra de la norma penal que permita ajustarse a la realidad.

Y tercero, un pueblo que debe reconocer su cuota de culpa sobre este caso: Primero, desde el punto de vista sociológico sobre la orientación de los adolescentes en la sexualidad; y luego una voluntad popular que cada año electoral, es la responsable de elegir a sus representantes en el Congreso, por lo que se hace de extrema necesidad el ejercicio de un voto concienzudo y comprometido con las propuestas más atractivas.

Finalmente, debemos tener presente la impotencia que nos ha generado el desarrollo de este caso, más aún cuando tengamos la oportunidad de variar el destino de nuestro país.