Hay muchos ángulos para comentar la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el tema de la nacionalidad. Hoy nos referiremos a cómo reaccionó la Oficina de Prensa del Palacio y cómo la ha tratado la prensa escrita nacional.

Desde la guerra civil la prensa internacional no había dedicado tanto espacio a asuntos dominicanos, concentrándose en muy severas críticas casi exclusivamente sobre la eliminación retroactiva de los derechos a la ciudadanía. Ese deterioro de la imagen internacional del país afecta desde el presidente Danilo Medina, quien difícilmente podrá ser recibido por Obama y quien en reuniones internacionales tendrá que estar a la defensiva, como ocurrió con José Manuel Barroso, presidente de la Unión Europea, en Panamá, pasando por el ex presidente Leonel Fernández quien será invitado a menos reuniones internacionales, hasta el propio país, el cual podría recibir menos turismo y su comercio internacional con Europa y los países del DR-CAFTA podría verse afectado.

La Oficina de Prensa del Palacio no emitió un comunicado oficial cuando el incidente de Neiba, lo que permitió que en Haití la radio hablase de decenas de muertos y cientos de repatriaciones, cuando tan sólo murieron dos dominicanos y un haitiano y cientos de haitianos buscaron refugio en la fortaleza y fueron llevados voluntariamente a la frontera.

En Trinidad y Tobago, cuatro días antes de la reunión programada en Caracas, Martelly declaró que no iría a esa reunión citando la (falsa) información diseminada en Haití. Si se hubiese dado el comunicado oficial y éste se hubiese difundido en la prensa y la radio haitiana es probable que no hubiese dado esa declaración. Nuestro Gobierno al anunciar un día después que tampoco asistiría, creó la falsa sensación a nivel internacional de que los primeros que habían roto la negociación habían sido los dominicanos. Cuando Trujillo nuestro ejército grababa todas las estaciones de radio caribeñas que atacaban a Trujillo, traduciendo los programas que así lo requerían. Aparentemente la Oficina de Prensa de Palacio no cuenta con esa capacidad, y ni siquiera traduce los artículos de la prensa escrita haitiana, por lo que no puede enviar réplicas a esas estaciones y periódicos. Luce que tampoco lee la prensa extranjera para ordenar que se contesten las críticas, como el caso de un temprano artículo de primera página del New York Times y un artículo de opinión de un profesor de Harvard en ese mismo periódico. Hasta los twitters deben ser contestados.

Nuestra prensa escrita también falló. No reprodujo editoriales del Washington Post, el Boston Globe y los artículos que aparecieron en el Miami Herald, Le Monde y en The Economist, así como declaraciones de diferentes grupos en Estados Unidos. “El Caribe”, el cual imprime “El País”, dejó de reproducir cinco artículos sobre el tema salidos en la misma edición que distribuye aquí. El alegato de no contar con traductores no es excusa. En cambio sí se publicaron respuestas de nuestros embajadores en Londres y Madrid, pero como nuestros lectores no tuvieron acceso a los artículos a los cuales se les respondía, no pudieron evaluar la calidad de la crítica.

Al ignorar nuestros lectores que los textos extranjeros se concentraban casi exclusivamente en el tema de la retroactividad y no en el de la regulación migratoria, eso se prestó a todo tipo de reacciones por parte de dominicanos mal informados, o que deliberadamente querían desinformar.

Cuando el gobierno haitiano declaró que habían sido falsas las exageraciones sobre el incidente de Neiba, ningún periódico, excepto el que está en manos del lector, lo reportó, lo que obligó a nuestro Gobierno a publicar la información como un anuncio pagado, pero tan sólo en un periódico.

El asunto de la regulación migratoria y la nacionalidad debió haber sido resuelto durante los dos últimos gobiernos de Leonel Fernández pero no tuvo la voluntad política para hacerlo, como tampoco lo tuvieron el Director de Migración y el Presidente de nuestra Junta Central Electoral. La Ley de Migración fue pasada al momento de la entrega del gobierno por parte de Hipólito Mejía en el 2004 y ésta establecía que el reglamento de la misma debería estar vigente para febrero del 2005. Leonel Fernández tardó 6 años y 9 meses en decretarlo. En la Junta Central Electoral se sabía desde hacía muchos meses cuántos eran los casos de hijos de haitianos nacidos en el país. Fue tan sólo la presión internacional resultante de la decisión del Tribunal que estableció la retroactividad, lo que finalmente obligó al pobre Danilo Medina, no responsable ni de los cambios constitucionales, ni de la sentencia de nuestra Suprema Corte, ni de la falta de voluntad política del Director de Migración y del Presidente de la Junta Central Electoral, a enfrentar el tema.