No cabe duda: República Dominicana cuenta con un mecanismo de reacción para los fenómenos naturales con participación de brigadas que hacen posible evacuaciones previas o acudir con auxilios inmediatos a los afectados por las lluvias y el viento. Son respuestas a las inclemencias que en temporadas de huracanes, como la que se inicia hoy, suelen poner en dura prueba las condiciones habitacionales en zonas críticas del territorio nacional. A mayor pobreza de lugareños, y de violaciones a las normas prescritas para construir y poblar sitios en forma segura, mayor posibilidad de daños materiales y humanos encierran los desbordamientos de ríos y cañadas y el azote de las ráfagas. La cíclica aparición de condiciones climáticas extremas debería ser motivo para enfocarse permanentemente en el problema social que representan los asentamientos de alto riesgo.
La vulnerabilidad asociada a la indigencia de muchas familias ubicadas en riberas y lechos secos que se inundan, y en bordes erosionables de hondonadas es lo que más concede gravedad a la furia de la naturaleza. La permanencia de pobladores en lugares peligrosos por definición multiplica el efecto destructivo de las inclemencias atmosféricas, esas que de repente desarropan y acorralan más fácilmente a quienes están situados en la posición más inferior de la escala piramidal como consecuencia del subdesarrollo y la exclusión.

La abundancia de ilegalidades

Comprobado está que alrededor del 50% de los choferes, conductores y motociclistas que transitan por todas partes en este país carece de licencias para hacerlo por no haberlas obtenido nunca o no renovarlas, grave omisión contra el propósito de ejercer control sobre el uso de vehículos y generar sanciones para reducir los accidentes; y es lógico que ocurra lo mismo con otros requisitos sobre pólizas de seguro que garanticen el pago de daños a terceros, que tan abundantes son.
A esa indocumentación alentada por la falta de orden en las vías públicas se agregan denuncias serias sobre la libre importación de motocicletas desarmadas y declaradas como piezas de repuesto que luego recobran su forma para circular sin certificación de origen y sin que se persigan con empeño las violaciones que se cometen con ellas.