El gobierno español se dispone a tomar el control de la autonomía de Cataluña, pero la tarea se anuncia difícil y podría chocar con la desobediencia de miles de funcionarios y simpatizantes de la causa independentista.
Entre esas medidas, amparadas por el artículo 155 de la Constitución y aprobadas este viernes por el Senado, como era preceptivo, está la destitución en bloque del gobierno independentista catalán y la puesta bajo control del ejecutivo central de toda la administración catalana. Entrarán en vigor en cuanto se publiquen en el Boletín Oficial del Estado. Pero tal y como advirtió esta semana el catalán Josep Borrell, ex ministro y ex presidente del Parlamento Europeo, «no basta con publicar las cosas en el BOE, luego hay que llevarlas a la práctica, y eso va a ser muy complicado».
Un Estado poco presente.- En la actualidad, sólo un 9% de los funcionarios de Cataluña, es decir unas 26,000 personas, corresponden a la administración del Estado central. El Estado dispone allí de 842 jueces y de apenas 5,900 miembros de las fuerzas del orden, frente a los 16,000 efectivos de la policía regional, los Mossos d’Esquadra. Esto explica que el gobierno central tuviera que enviar de refuerzo a unos 10.000 guardias civiles y policías nacionales, muchos de ellos alojados en barcos frente a los puertos de Barcelona y Tarragona.
Huelgas, boicot.- En esta región de 7.5 millones de habitantes, la presión callejera de los simpatizantes del independentismo es habitual. El colectivo «En peu de pau» (En pie de paz), ha difundido una serie de consignas en las que detalla toda una «estrategia no violenta de liberación»: lanzar campañas de no-cooperación, a través de huelgas y boicots, o de desobediencia civil, que asuman el hecho de incurrir en ilegalidades. En Cataluña trabajan un total de 304,000 funcionarios, de los cuales 167,000 dependen del órgano regional de gobierno, la Generalitat, y 84,000 de los ayuntamientos.