El caso de Luiz Inácio Lula da Silva merece ser analizado con la mayor profundidad, por lo que implica en torno al sutil manejo de los mecanismos de la democracia en favor de una clase social que siempre se alza con el santo y la limosna.
No es casual que el presidente brasileño que terminó su gestión con el más alto porcentaje de popularidad haya sido acusado de distintos delitos en un juicio en el que no se presentó ninguna prueba incriminatoria y un tribunal lo condenó porque supuestamente aceptó como soborno de una constructora un departamento en el balneario paulista de Guarujá.
El expresidente nunca ocupó ese inmueble. Ni siquiera lo conoció. A los magistrados les bastó con tener la “convicción” de que el delito existió. La politización de los tribunales es tan alta en Brasil que uno de los jueces que investiga la trama de corrupción en la petrolera estatal Petrobras, dijo después de que se conociera la posición del Tribunal Supremo que “el presidente al que le gusta el soborno acaba en la ruina”.
El Partido de Lula dice que “al negarle un derecho que es de todo ciudadano, el de defenderse en libertad hasta la última instancia, “la mayoría del STF se ha arrodillado ante la presión escandalosamente orquestada de red de comunicación Globo”. La “combinación de intereses políticos y económicos” atenta contra el derecho del pueblo brasileño “a votar por candidato de la esperanza. Defenderemos su candidatura hasta las últimas consecuencias”.
Publicaciones brasileñas y los abogados del expresidente, dicen que la condena se basó en “especulaciones y la “íntima convicción” de los jueces. ¡Vaya forma de impartir “justicia”, alguien acusa de esto y de lo otro, de queseyó y quesecuánto y el magistrado que debe administrar la ley sin discrímenes, sin prejuicios, decide que la palabra de los acusadores pesa más que la de los acusados.
Pero ¿a quién se manda a la cárcel? al expresidente que salió del poder con el más alto índice de popularidad que ahora, no por casualidad, es el favorito de todas las encuestas, debido a que en su gobierno sacó millones de pobres de la indigencia, aumentó los salarios, mejoró la educación y la salud, apreció la moneda y colocó el Brasil como un interlocutor al mismo nivel que los países que han dominado la economía y la política mundial.
La probable vuelta de Lula al poder era una bofetada a la clase gobernante, sería el regreso del pueblo al poder. Eso debía ser impedido a como diera lugar. Es el juego sucio y antidemocrático de la extrema derecha mundial: usar el poder para mantenerse en el poder, aunque atropellen todos los principios y todos los derechos.