A fin de que Lajun Corporation tome conocimiento de documentos de los recurrentes, el juez Rafael Vargas, del Tribunal Superior Administrativo, aplazó para el 6 de septiembre la audiencia de la medida cautelar que busca despojar a la empresa de la administración del vertedero de Duquesa en tanto se conoce una demanda de nulidad del contrato para su administración por alegado mal manejo.
La defensa de Lajun, Natashú Rodríguez, se manifestó satisfecha que el proceso haya llegado a los tribunales para que se conozca toda la verdad.
Rodríguez dice que hasta ahora solo se han escuchado las declaraciones unilaterales del alcalde de Santo Domingo Norte, René Polanco, y del ministro de Medio Ambiente, Francisco Domínguez Brito.
Entiende que funcionarios han querido hacer política con el tema, pero espera que el tribunal respete la seguridad jurídica, la inversión extranjera y los contratos que tiene Lajun, que asegura fueron firmados de manera lícita.
Precisó que en el momento que Lajun sienta que no hay seguridad para luchar contra el Gobierno, podría recurrir a árbitros internacionales.

Dice que con este caso lo que se busca es la expropiación forzosa producto de un complot de funcionarios que violando los derechos de Lajun, buscan sacarle del país sin justificación.