Recientemente se iniciaron las conversaciones, convocadas por el ministro de Salud, para buscar solución al problema surgido entre las Administradoras de Riesgo de Salud (ARS) por un lado, el Colegio Médico Dominicano (CMD) y la Asociación Nacional de Clínicas Privadas (ANDECLIP), por el otro.
Aunque el conflicto viene desde lejos, por múltiple razones, el detonante ahora ha sido el que las ARS no aceptan las prescripciones de médicos que no estén contratados por ellas, generando dificultades no solo para los médicos, sino también para los pacientes.
Inicialmente se ha convocado a la Asociación de Administradoras de Riesgo de Salud (ADARS) Y a los actores involucrados, para definir la metodología a seguir en la mesa de negociación: definir con claridad los problemas, oír de viva voz los pareceres de cada uno, hacer relatoría, discutir la minuta levantada y proposición de las posibles soluciones. Para una aproximación está muy bien. Pero hay que tener presente que aunque la seguridad social está íntimamente ligada a la salud, es un sistema con su propia normativa.
Aunque el Ministerio de Salud es el rector del sistema de salud, su arbitraje debe enmarcarse en su autoridad como vicepresidente del Consejo Nacional de la Seguridad Social (CNSS), por lo tanto, una vez pase la fase inicial, debe incluirse en el conocimiento de toda la problemática, al propio CNSS, encabezado por su presidente, ministro de Trabajo, los representantes del sector empleador y los representantes del sector trabajador, quienes tienen poder de veto. Desde luego, la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (SISALRIL) es un actor de principalía, pues es el organismo con la competencia de regular los términos contractuales entre las ARS y los proveedores (médicos y establecimientos de servicios de salud).
En esta discusión no puede estar ausente el organismo encargado de la Información y defensa de los afiliados al sistema de la seguridad social, DIDA. Los pacientes o usuarios son los más afectados en todos estos conflictos, usualmente nadie los toma en cuenta, siendo la materia prima y la razón de ser del sistema de seguridad social.
¿Por qué es necesaria esta amplia participación? Porque la solución, además de técnica, tiene un determinante e insoslayable componente político, que pasa por una revisión y modificación de la Ley de la Seguridad Social (87-01).
Estoy convencido que, además de estos importantes actores, debe incluirse en la fase final al Ministerio de la Presidencia, que desde el punto de vista técnico y político siempre le tira una mirada a todos estos procesos antes de presentárselos al Presidente de la República.
Hay un trabajo hecho en torno a la revisión de la Ley 87-01, el cual por razones que no viene al caso comentar, está engavetado, donde se plantean importantes cambios que hacen de la ley un instrumento real de respuesta a los problemas de salud de la población.
Es necesario comentar que en esas modificaciones se afectan intereses sobre todo de los que más se han beneficiado del sistema instaurado desde sus inicios, por lo cual no creo haya solución si el estamento político se queda en las gradas viendo el proceso.