En este país, en que los accidentes de tránsito están entre los principales causantes de muerte y discapacidad, no hay un disuasivo eficaz contra la temeridad de los conductores. Las memorias de AMET correspondientes a 2014 lo confirman. De 517,760 multas por infracciones diversas a la ley de tránsito, los infractores solo han pagado el 9.48%. No existe un medio de cobro compulsivo que aproveche cualquier gestión financiera del infractor para obligarle a pagar la multa y a sentir las consecuencias de la conducta que la motivó.

Las motocicletas causaron el 64.1% de las 1,744 muertes por tragedias de tránsito en el 2014, pero los conductores de este tipo de vehículos son los más recurrentes violadores de la ley de tránsito. Que se sepa, son escasas las multas pagadas por estos conductores que no guardan el mínimo respeto por sus vidas y las de terceros. Los motociclistas siguen siendo los mayores evasores de responsabilidad civil por daños a terceros, pero nada les hace sentir las consecuencias de su conducta.

En fin de cuentas, las multas ni disuaden la temeridad de los conductores ni constituyen un ingreso importante para el erario. El Estado tiene que crear los medios necesarios para obligar a que las multas se paguen en un plazo específico o puedan ser retenidas de los ingresos personales o transacciones de los infractores. Algo hay que hacer.

VIOLENCIA TIÑE DE SANGRE EL CIBAO

La violencia criminal ha seguido cobrando víctimas a ritmo y cantidad pasmosos. Del viernes a la madrugada del lunes, al menos nueve personas, entre ellas el viceministro de Energía y Minas, Victoriano Santos Hilario, perdieron la vida en ataques separados. El hijo del funcionario asesinado, que resultó herido, sigue en estado sumamente grave. Las muertes se produjeron en Tamboril, La Vega, Puerto Plata, Dajabón y Cotuí. En todos los sucesos las muertes y heridas fueron causadas por disparos de armas de fuego.

Este baño de sangre pone en entredicho la capacidad de prevención de las autoridades frente a una delincuencia cada vez más audaz y desafiante. Desnuda también la debilidad de los controles sobre la posesión y uso de armas de fuego. La sociedad necesita protección funcional, previsora y efectiva.