Uno quisiera que se tratara de casos aislados y, por demás, debidamente sancionados, las denuncias de actos de corrupción prohijados por los ancestrales desórdenes institucionales que tenemos. Por ejemplo, quisiéramos que muchos profesionales que se graduaron comprando o falsificando calificaciones, títulos y honores, fueran realmente casos excepcionales, al igual que la desaparición o mutilación de expedientes relativos a carreras académicas o servicios prestados al Estado y que universidades (en especial la Autónoma de Santo Domingo) secretarías de Estado (ahora ministerios) como Salud Pública y Educación, no tuviesen que dar explicaciones bizantinas cuando un profesional, estudiante o servidor público, no encuentre sus datos ordenados y registrados correctamente.

Lo peor es que, a pesar del desarrollo vertiginoso de la tecnología, nuestras instituciones públicas no tienen base de datos confiables e intercambiables porque la Junta Central Electoral, Salud Pública, Educación, Policía Nacional, Tránsito Terrestre, Tesorería Nacional y otras, te piden datos que cada una debe tener obligándote a buscar en la otra cualquier información, como si la propia no sirviera o desconfiaran entre sí.

Lo cierto es que el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (MESCYT) tiene a un numeroso grupo de profesionales médicos al garete, buscando papeles para demostrar lo que son, porque necesita retroactivamente ratificar títulos, saber si son falsificados, si las tesis son auténticas o plagios y si se graduaron de secundaria. A muchos de ellos, sobresalientes en la sociedad, que salvaban vidas antes de que los ideólogos del MESCYT usaran pantalones largos, se les ha requerido hasta el certificado de nacimiento y supongo que se consideran “afortunados” porque aún no les piden el certificado del kínder.