POR TAHIRA VARGAS
Una lectura de la relación gobierno-población es una lectura de un fenómeno complejo atravesado por múltiples dimensiones mucha de ellas explicitas y en nuestra sociedad, la mayoría de ellas implícitas.

Las relaciones entre las instancias gubernamentales que son múltiples desde las distintas áreas de gestión y la población pasa por un análisis de dos actores que en su definición encontramos una naturaleza heterogénea. El gobierno que implica distintos actores según las áreas de gestión y la población que también implica distintos sectores y actores sociales en su conformación.

Encontramos que una de las expresiones de la relación población—gobierno son las demandas sociales. Demandas sociales que definimos como «aquellas acciones que solicita la población al gobierno a través de la prensa escrita, televisiva o radial o a través de procesos organizativos o espacios de coordinación interinstitucional».

Protestas y demandas sociales actuales.

La gestión actual de gobierno está repitiendo un patrón de relación población-gobierno presente en su gestión anterior, 1996-2000, donde no logró dar respuesta a las demandas sociales de las distintas localidades del interior del país y donde mantuvo condiciones de permanente conflictos sociales por estas ausencias.

Aunque no se han dado procesos conflictivos de los niveles de la gestión anterior, se han producido y se producen actualmente ( ejemplo caso de Bayaguana)  muchos movimientos de protestas locales en los que hay una principal motivación, demandas de intervención en pequeñas obras físicas. A pesar de que el gobierno tiene una gran inversión en obras físicas como ha pasado con el Metro ( que ocurrió en la gestión pasada con los elevados) esta inversión se localiza únicamente en un reducido perímetro de la ciudad de Santo Domingo y no beneficia a una proporción significativa de la población, por el contrario, se reduce a un grupo mínimo de personas ( con relación a toda la población de la ciudad de Santo Domingo, y más aún a nivel nacional) . Este poco impacto territorial y poblacional no se corresponde con la cuantiosa inversión económica que se está haciendo en esta única obra, el Metro.

Esta desigualdad en la inversión económica del gobierno territorial y socialmente impacta negativamente en la población y acrecienta la demanda de intervención local. Las localidades a las que se le ha prometido obras en todas las regiones y sub-regiones del país, están manifestándose y acrecentando sus pedidos de inversión e intervención. Lo que probablemente se agudizará porque nos encontramos en el último año de la gestión, 2004-2008.

En la gestión pasada de Leonel Fernández, 1996-2000 el 35% de las protestas tenían como principal causa la demanda de intervención del gobierno en obras físicas locales donde se incluían obras en el área de educación, medio ambiente y salud, además de las únicamente físicas. En la actualidad se incrementan las protestas locales que tienen como causa principal la demanda de intervención física, 65%. En la gestión pasada se dieron 4 huelgas nacionales en la actualidad las protestas son en casi su totalidad locales y regionales( caso de las pasadas protestas en la subregión del Cibao Central y Oriental). 

¿Porqué las demandas sociales y las protestas están sustentadas en la intervención física- el territorio?.

Esta reflexión sobre el peso del territorio en las demandas sociales y las protestas la hemos reiterado varias veces en otros artículos de análisis de las gestiones gubernamentales de 1996-2000 y 2000-2004. Ahora la retomamos porque nos parece interesante como se repiten los patrones de gestión y conflictividad en la relación gobierno-población.

El territorio tiene mucha significación en la vida cotidiana de los sectores populares tanto en las zonas urbanas como en las rurales.

La presencia de una cultura y una vida que acontece en un 70% en la zona de residencia así lo demuestra y es una información que he obtenido en otros estudios realizados en distintas zonas sobre todo urbano-barrial.

El territorio, la zona de residencia, tiene la significación de vivienda ampliada donde las actividades no se circunscriben únicamente a las actividades domésticas sino que se mezclan con : las actividades reproductivas, estrategias de sobrevivencia, las relaciones sociales , el ocio y actividades recreativas, la socialización y otras…

En la relación población—gobierno se muestra también este peso significativo del territorio. Encontramos que el 60.77% de todas las demandas que se han hecho al gobierno actual son demandas de intervenciones específicas en el territorio. Tanto desde la dotación de servicios, como de obras físicas, medio ambiente, política social, agropecuaria, salud y educación.

En cada una de las áreas de gestión encontramos demandas territoriales y no territoriales. Las demandas no territoriales son demandas referidas a intervenciones gubernamentales con carácter nacional, como rebaja de los combustibles por ejemplo, o demandas de ciertos actores sociales como las demandas de aumento de salarios de los médicos, profesores, etc…

Ejemplos de demandas territoriales actuales de las localidades en algunas de las áreas de gestión:

La centralización de la gestión es una barrera para la respuesta a las demandas locales.

A pesar del peso que tiene lo territorial en las demandas de la población hacia el gobierno, esto no se corresponde con una respuesta del gobierno a una intervención focalizada hacia el territorio ni tampoco con la articulación de mecanismos de relación con la población desde el territorio, desde lo local.

Probablemente estas ausencias en nuestros estilos de gestión gubernamental ( planteo estilos porque encontramos estas mismas ausencias en análisis anteriormente hecho sobre las gestiones anteriores, 1996-2000,2000-2004 con estos mismos contenidos) tiene que ver con la presencia de un estado y un gobierno altamente centralizado. Una centralización territorial y de poder que afecta las planificaciones, las ejecuciones y el control de gestión (tan ausente en nuestra gestión gubernamental y al que poca importancia se le ha dado).

Las distintas instancias gubernamentales tienen poca presencia en las distintas zonas del país en tanto sus estructuras no responden a criterios territoriales ni de descentralización.  Cuando se anuncian obras para las provincias o municipios las anuncia el Presidente de la República lo que muestra la gran centralización y presidencialismo existente. Las obras se anuncian, se prometen, pero no tienen un sistema de seguimiento y control, Las comunidades y localidades disponen de un compás de espera que termina en una condición de conflictividad por la ausencia de respuestas a las obras prometidas, lo que muestra que muchas de estas promesas no son parte de una planificación local desde las distintas áreas de gestión sino que se utilizan para «calmar» a las comunidades en protesta.

Estas grandes y reiteradas ausencias en la relación población-gobierno nos hacen ver que estamos muy lejos de tener gestiones basadas en el territorio y en las demandas reales de las comunidades y localidades con una lógica de desarrollo social descentralizado.

Entendemos que  tanto al gobierno como a las instituciones relacionadas con la intervención social les toca una lectura más profunda y crítica de la relación gobierno—población para evitar la proliferación de escenarios de conflictos que deterioran la vida social y entran en tensión con los posibles procesos de desarrollo social.