El presidente venezolano Nicolás Maduro debe asirse a la idea de que las sanciones impuestas contra su régimen autoritario por el presidente Donald Trump y la Unión Europea, serán levantadas únicamente cuando desde el Palacio de Miraflores, en Caracas, surjan garantías consensuadas y firmadas junto a la oposición, que permitan destrabar la crisis institucional, económica, social y moral que prevalece en Venezuela.

Tales sanciones, aplicadas principalmente desde el Departamento del Tesoro de EEUU, afectan directamente la solvencia individual de figuras conspicuas del gobierno chavista-madurista con grandes inversiones en la nación norteamericana. Lesionan, además, la libre entrada de venezolanos influyentes a Estados Unidos. Lo propio ocurre en varias naciones de la UE, acicateadas por España.

Dichas medidas, junto a la amenaza de boicotear las importaciones petroleras de Venezuela hacia Estados Unidos, restringen la capacidad financiera del gobierno madurista, y es tal su efectividad que, a regañadientes, ha logrado sentarlo a la mesa de negociaciones en un indeseado diálogo para el régimen, pero que alivia y optimiza a la oposición del MUD, auspiciado en Santo Domingo por el presidente Danilo Medina y la presencia de varios cancilleres latinoamericanos.

La crispación, la larga y violenta disputa tornan embarazosa la mediación así como la consecución de un final conveniente. Será difícil persuadir a Maduro de que modifique el tribunal electoral, que libere presos políticos, disuelva su Asamblea Constituyente o se someta a un calendario electoral para el 2018.

Pero la oposición debe seguir confiando en la efectividad de la presión internacional sobre Maduro.