Con de proyecto de Ley enviado al Congreso por el Ejecutivo, como primer paso para salir de la crisis generada la sentencia TC 168-13, deja sin efecto un aspecto fundamental de ese dictamen. La iniciativa y su preámbulo reconocen el derecho a la nacionalidad a miles de dominicanos de origen haitiano, da la razón a las juezas del Tribunal Constitucional que se opusieron a la sentencia y a quienes nos hemos batido contra ésta.

Durante la discusión de esa sentencia, salieron a flote alguno de los peores vicios de la sociedad dominicana. Entre otros, la tendencia al cinismo político, social y personal que nos lleva a las transacciones espurias, a la prisa del olvido, a confundir tremendismo verbal con solidez argumental y al juego de palabras para evitar decir las cosas como realmente para no tomar posiciones basadas en principios. Ahora algunos dicen que la referida pieza “respeta la sentencia”, olvidando que el afrentoso dictamen se evacuó para negar el recurso de amparo de Juliana Deguis, exigiendo a la JCE que le expidiese su documento de identidad.

El TC hizo esa negación justicia y de derecho de manera extensiva y retroactiva a todas las personas que se encuentran en condiciones similares a la Deguis. Pero, a pesar de las inexactitudes contenidas en el preámbulo del proyecto del Gobierno y de los problemas de orden procedimental y constitucional del mismo, quienes la redactaron lo hicieron con inteligencia, recogiendo muchas de las críticas que se le hicieron al dictamen, lograron justificar una importante salida preliminar al problema político nacional e internacional causado por esa acción.

Debe admitirse que esta fórmula para salir del limbo político, es fruto del talento dominicano, pero los factores determinantes para que finalmente se diese este primer paso han sido la presión y profunda sensibilidad de la comunidad internacional sobre los temas de racismo y xenofobia, la determinación de los directamente afectados y el tesón de un puñado de intelectuales y de profesionales dominicanos dentro y fuera del país. Además por el gesto enaltecedor y aleccionador de las referidas juezas.

Se ha logrado el reconocimiento a la nacionalidad dominicana a los descendientes de origen haitiano con papeles. Los sin papeles, los más pobres de los pobres, nacidos aquí antes del 2010, que según la Constitución actual también lo son, tienen que abocarse a un proceso para dotarse de un documento que así lo consigne. Ese es el segundo paso de esta batalla, porque queda como tarea encontrar una fórmula la regulación sin lesionar sus irrenunciables derechos a la nacionalización.

Queda también como tarea, para que no caigamos en nuestra proverbial tendencia al olvido y la permisividad, dar seguimiento al proceso que se inicia con este primer paso. Como sabemos, que los más recalcitrantes sostenedores de la sentencia no hacen concesiones, sino transacciones a cambio de favores políticos y ventajas económicas. Seguirán exigiendo, ya comenzaron a tratar de desvirtuar los acuerdos que permitieron la salida, con sus acostumbrados métodos sin límite alguno: el chantaje, la extorsión y la manipulación de la opinión pública.

Pero no hay vuelta atrás, al final se impondrán la persistencia, la sensatez y la decencia.