Legislar para la institucionalidad

Aunque parezca una utopía, lo más conveniente para el país sería que la aprobación del proyecto de Ley de Partidos sea una decisión que emane de la voluntad de auténticos legisladores, y no de cuadros políticos obedientes a líneas de liderazgo de las organizaciones que los postularon. Que sea un fruto de la conciencia del deber puesta al servicio de la institucionalidad, y no de apetitos de grupos. Las propias agrupaciones del sistema democrático deberían convencerse de esta conveniencia.
En las circunstancias actuales, aún con todas las facultades que le confiere la Constitución de la República, la Junta Central Electoral tiene un poder discrecional relativamente pobre en lo que concierne a moderar la vida de los partidos políticos. Sus poderes son decisivos para adoptar cuantas medidas sean necesarias para organizar y conducir a feliz término el proceso electoral, y esto no necesariamente trasciende a las interioridades partidarias.
Los partidos han padecido las consecuencias de su albedrío libérrimo y la manera en que las facciones con más poder manipulan la democracia interna para alzarse con la mejor tajada del pastel. La Ley de partidos es, pues, un instrumento necesario hasta para vacunar a las propias organizaciones contra los vicios de la ambición de poder. Creemos que el momento demanda acciones en favor del Estado de derechos.

Una sede para el Constitucional

Hay un contraste muy severo entre la solemnidad de los actos propios del Tribunal Constitucional y las decepcionantes condiciones de alojamiento en que tiene que desempeñar su papel garantista de derechos. Este estamento de las altas cortes no solo carece de un local propio, sino que además el que ocupa no ofrece las condiciones apropiadas para la labor que realiza. Se han quedado en carpeta, sin el mínimo avance, los proyectos que desde hace cinco años se barajan para dotar de hogar propio al Tribunal Constitucional.
Aunque, después de todo, no debe haber lugar para el asombro por este desplante. Ya vemos cómo el Poder Judicial ha vuelto a su papel de cenicienta, en virtud del pésimo tratamiento que se le ha dado en el Presupuesto General del Estado. Lo del Tribunal Constitucional es parte del libreto.


COMENTARIOS