Más allá de las diferencias partidarias o de individualidades que se manifiesten en la función parlamentaria, los congresistas dominicanos asumen sus investiduras para servir a la nación como causa suprema: el más ineludible de sus compromisos. Están ciertamente en libertad de adherirse a cualquiera de los lados en cada disyuntiva como miembros de un poder soberano. Pero en el marco en que actúan, las contradicciones y tácticas dilatorias van contra el interés nacional, algo que ha ocurrido con persistencia respecto de temas cruciales reducidos a la indefinición y parálisis como ocurre en aspectos electorales y en lo penal sobre los derechos de la mujer a interrumpir embarazos.
El derecho a asumir posiciones no incluye generar confusiones que impidan institucionalizar los procesos electorales con normas de equidad y funcionalidad. Los legisladores no deben llegar al extremo de fallarle a la nación. Los liderazgos de tendencias políticas deben abrir espacio, sin embrollos, a una conciliación que sustituya sectarismos . El país no quiere una imposición de fórmula que resulte de maniobras para inclinar la balanza contra la objeción a las primarias abiertas, obligadas y simultáneas, asumida con entereza por organizaciones civiles y de la gama política desligada del oficialismo más cerrado, el que con tácticas y poderío de Estado estaría en capacidad de hacer prevalecer su unilateral objetivo.

Atropello a una reportera

La brutal agresión infligida en Santiago a la reportera Deyanira López, de la Redacción de CDN canal 37, lesiona la libertad de prensa y mueve al repudio de quienes ejercen el periodismo en República Dominicana en su diversidad de expresiones y niveles. Ella fue víctima de una reacción salvaje y apandillada mientras cubría con respeto y profesionalidad actividades judiciales. Un afloramiento más de intolerancia contra la función periodística con empleo de la fuerza. Los autores de este atropello, desconocedor del legítimo acceso de los comunicadores a los hechos noticiosos, deben recibir el peso de sanciones condignas que muestren la firmeza del rechazo que en el orden judicial debe manifestarse contra actos de tal naturaleza, provenga o no de gente investida de autoridad. La aplicación de la ley debe expresar respaldo a la libertad de prensa.