El coordinador de campaña del expresidente Leonel Fernández advirtió que los seguidores continuarán realizando actividades políticas en el marco de la ley, en un claro desafío a la prohibición del proselitismo por parte de la Junta Central Electoral (JCE).
Bautista Rojas Gómez señaló que la Constitución consagra la libertad de asociación, reunión, y de expresión y difusión del pensamiento. Calificó el pedido de sospechoso porque “puede aludir a tiempos pasados, en los que restringían las libertades en el país”.

Sostuvo que sus críticas no son personales al presidente de la JCE, sino al pleno del organismo el cual entiende, que pudiera estar respondiendo a intereses que no especificó.
En similares términos se refirió el abogado constitucionalista Namphi Rodríguez, quien advirtió que la decisión de la JCE limita los derechos fundamentales a la libertad de expresión, de asociación y de reunión mediante “una simple resolución administrativa”. Alertó que los miembros de la JCE no se pueden dejar sorprender por “cantos de sirenas” que en nombre de la institucionalidad, buscan “pescar en río revuelto” y servir a intereses solapados.
En tanto que el dirigente de la Fuerza Nacional Progresista (FNP) Vinicio Castillo Semán afirmó que la resolución de la JCE violó el artículo 23 de la Ley 200, de Libre Acceso a la Información Pública, que obliga al organismo a publicar previamente en los medios su anteproyecto de resolución y consultar con los partidos y la sociedad el contenido de la misma, ya que afecta derechos fundamentales.
Fernández no lo para nadie. Mientras que diputados de la corriente de Fernández afirmaron ayer que la medida de la JCE en nada frena la carrera que este inició por la Presidencia de la República, e indicaron no se aplazará el acto político programado para el 26 de agosto.
Demóstenes Martínez dijo que esa actividad seguirá ahora con mucho más contundencia, tras afirmar que la decisión de la JCE no imposibilita las acciones que haga Fernández.
El diputado José Luis Cosme declaró que a Fernández nadie lo frena, y cuestionó que la resolución de la JCE pretenda regular derechos fundamentales, como el de libre asociación.
De su lado Juan Rodríguez opinó que la medida afecta a todos los precandidatos que, a su juicio, animó a salir a las calles el presidente Danilo Medina.
Consideró que Medina ahora quiere que todos los aspirantes se retiren, “porque le están quitando a sus seguidores”. Entiende que la JCE recibió presión.
El diputado Marcos Cross no cree que se paralicen las actividades proselitistas que comenzó Fernández, aunque se mostró partidario de que se regule la participación de los militantes.
En tanto, el vocero de los diputados del PLD, Gustavo Sánchez, cree que la medida no afecta a las aspiraciones de Fernández.

Recursos del Estado. Mientras que Carlos Peña, aspirante presidencial por el PLD, apoya la decisión de la JCE, pero consideró debió ir más allá y limitar el uso de los recursos del Estado.
“Esa decisión debió venir acompañada también de una limitación del uso de los recursos del Estado por parte de personas que tienen posiciones en la administración pública o recientemente abandonaron esas posiciones, pero que su paso les ha permitido dejar una cantidad importante de empleados en esas instituciones y cuyos vehículos se ven en sus actividades”, expresó.
Dijo además, que debió abarcar el acceso a los medios de comunicación de los precandidatos para que haya un equilibrio. Señaló que esta situación política “pone en evidencia la urgencia y necesidad imperiosa de que tengamos un régimen electoral con leyes que posea más control del gasto en la campaña”. Peña consideró que la intención de la JCE es que la población no sea saturada con un campaña a destiempo.

Imperio de la ley. El también precandidato peledeísta Francisco Domínguez Brito también respaldó la disposición, tras resaltar la importancia del cumplimiento de la ley y las normas en la actividad política y el valor de la firmeza en el servicio público. “Mi campaña y mi gobierno son y serán respetuosos de las leyes y exigentes en su cumplimiento. Debemos enfocarnos en lo más importante, que es trabajar con el partido y con la sociedad, que necesita ser escuchada para que sus ideas sean traducidas en un programa de gobierno firme y cumplible”.

Legalidad. De su lado dirigentes del PLD, agrupados en la Corriente Institucionalista, apoyaron la resolución y demandaron la suspensión de toda actividad proselitista interna en lo que resta de año y “se proceda a poner la casa en orden”, oficializando los padrones de miembros y organismos para organizar la competencia interna en el 2019. Igualmente reiteraron a las autoridades convocar el congreso ordinario, para la rendición de cuentas y restitución de la vida institucional del PLD.