¿Ley de Partidos? ¡Ay los cuartos!

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Cada cierto tiempo resurge el tema de la Ley de Partidos; los desacuerdos, las poses. Ahora está nuevamente en la palestra pública. Varios son los temas de disputa, pero uno en particular genera el mayor obstáculo para la aprobación de esa ley: la regulación del financiamiento. Es tema recurrente en las campañas electorales, y a quienes les toca estar en la oposición, elevan siempre la voz crítica al sistema de injusticias.
La legislación que rigió en la República Dominicana hasta 1997 permitía exclusivamente el financiamiento privado de los partidos políticos, aunque, siempre los gobernantes se beneficiaban de los recursos estatales.
La Ley Electoral 275-97, aún vigente, estableció el financiamiento público de los partidos, pero mantuvo intacto el financiamiento privado.
Según esta ley, los partidos reciben financiamiento del Presupuesto General por un monto equivalente al 0.5% de los ingresos nacionales en años electorales y 0.25% en años no electorales. Por esta disposición, los partidos políticos dominicanos recibirán en el 2017 un subsidio de 805 millones de pesos.
Anteriormente, la distribución de esos recursos se determinaba en función de la cantidad de votos obtenidos por cada partido en las elecciones anteriores, con un 80% destinado a los tres partidos principales (PLD, PRD y PRSC) y 20% a los demás.
Pero en el 2005, ante el colapso electoral del PRSC y el coqueteo del PRD y el PLD con los reformistas como potenciales aliados, acordaron distribuir en partes iguales los recursos públicos entre los partidos que obtuvieran más del 5% de los votos en las elecciones anteriores (en el 2004, los reformistas obtuvieron cerca del 9% de los votos).
En general, los partidos políticos dominicanos reciben desde 1997 mucho dinero de fuentes públicas y privadas: de personas naturales que permite ley, de corporaciones privadas que prohíbe la ley, del presupuesto nacional autorizado por la ley, y de la corrupción y el clientelismo estatal que no autoriza la ley. Se dice también que reciben dinero ilícito. Siempre, el partido en el poder se lleva la mayor tajada.
De todos esos recursos, sólo se conoce la cantidad que reciben del Presupuesto Nacional. La magnitud del resto se desconoce. Además, como las campañas se han individualizado, los candidatos recaudan dinero directamente que no reportan a nadie.
Del monto recibido, ni los partidos ni los candidatos rinden cuentas adecuadas. Tampoco hay un sistema de contraloría efectivo que los obligue a reportar con precisión los ingresos y gastos; y ante cualquier intento de fiscalización, los partidos denuncian violación a la libertad de asociación. ¡Ah!, y los donantes privados no quieren que sus nombres aparezcan en ningún lado.
Esta situación ha convertido a los partidos en nidos de captación de recursos lícitos e ilícitos, con gastos excesivos en campañas, sin que existan medidas efectivas o instituciones con autoridad y capacidad de monitorear los ingresos y gastos.
Ante el vacío institucional, los medios de comunicación actúan simultáneamente como anunciantes y denunciantes. Además, los partidos, a pesar de las poses, se protegen entre ellos porque muchos se benefician de los recursos públicos y privados, en mayor o menor escala.
Con tantos millones de tantas fuentes, los partidos son las empresas más subsidiadas y menos fiscalizadas de la sociedad dominicana. Son un negocio redondo. ¡Ay los cuartos!
Es necesario que el financiamiento a los partidos se reduzca y regule. En eso hay “consenso” público. Pero a la hora de la verdad, la mayoría de los políticos quieren el desorden existente del que se han beneficiado. Por eso no hay una Ley de Partidos ni tampoco una nueva Ley Electoral.


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