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El asesor financiero Bernardo Espinosa advirtió que la Ley de Lavado de Activos 155-17, que es de prevención, no puede convertirse en una legislación de “persecución y chantaje”.
Cree que se hace inminente para su aplicación, la aprobación de la Ley de Transparencia, Declaración y Amnistía Patrimonial.
El también experto en materia impositiva dijo que la principal novedad de esta ley es que designa a la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) como supervisor de las operaciones del comercio, industrias y servicios y “nos convierte a todos en sujetos obligados del cumplimiento de esta ley”.
“Esta ley le ha venido como una bendición a las recaudaciones del Estado, no porque realmente la economía ha crecido, sino porque incluye el delito tributario como precedente de lavado de activos”, dijo Espinosa, miembro de la Asociación de Comerciantes e Industriales de Santiago (ACIS). De acuerdo a Bernardo Espinosa, esta forma de aplicación de la legislación convierte lo que podría ser legal anteriormente por la prescripción natural, en ilegal.
