Leyes para limitar la deuda

Hay que admitir que los economistas tenemos sesgos importantes cuando miramos el mundo. Sea producto de nuestra formación, de nuestra pertenencia de clase o de adhesión a una ideología o grupo. Sin embargo, la ciencia económica sigue siendo una ciencia, que, aunque social, es cuantificable, en muy predecible –más allá de la broma fácil sobre los economistas-y suficientemente sólida como para despejar los sesgos.
La Economía tiene sus leyes y cuando alguien quiere derogarlas por decreto o por ideología provoca una cierta sonrisa, que debemos admitir tiene mucho de arrogancia en el profesional de esta ciencia. Sin embargo, cuando es el economista el que sugiere leyes objetivas la arrogancia es aún mayor. En el primer caso, la motivación puede ser el desconocimiento; en el segundo, sólo es presunción. Cuando un economista sugiere límites legales, marcos estrictos, está diciendo que su visión es la única válida, y cuando hace eso, casi nunca encontramos la ciencia, y sí el sesgo detrás de su recomendación.
En nuestro país hemos transitado ese camino. Hemos sugerido montones de leyes que buscan obligar a todos los gobiernos a una uniformidad ideológica, fiscal, política e histórica, como si las leyes económicas (las que se derivan del conocimiento científico) necesitaran de ese impulso; o peor, como si todo lo que propone un economista fuera una verdad revelada, y no, como muchas veces ocurre, simplemente una opinión edificada que defiende su sesgo de clase o de grupo y lamentablemente no siempre su conocimiento científico.
Dentro de esas leyes normativas están las que buscan vincular niveles de gasto presupuestal a porcentajes del PIB sin que haya ligada ninguna relación con la estructura fiscal, como si la nobleza del destino del gasto fuera suficiente para la sostenibilidad del mismo.
Recientemente el Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles (CRIES) propone topes legales al gasto gubernamental y al endeudamiento para evitar la insostenibilidad fiscal, y lo hace a partir de una ley de responsabilidad y transparencia fiscal, una reforma del código tributario, un límite a la “necesidad” de deuda y mejoría a la capacidad recaudatoria del Estado.
Todos los enunciados están bien; sólo que antes de discutir a profundidad una ley o un marco amplio de leyes deberíamos recordar, primero, que la deuda es sostenible o no en función de una variable: capacidad de pago, con un corolario (producción de divisas si la deuda es en moneda dura).
La capacidad de pago puede ser restrictiva, al bajar el gasto; o impositiva, al aumentar las recaudaciones. Segundo, recordar que la deuda en sí no es disciplina o carencia de disciplina, porque en ambos extremos y según las circunstancias puede ser beneficiosa o dañina; siempre en un modelo de desarrollo y no exclusivamente en el nivel mostrado. Y… lo que hay de fondo es qué esperamos en infraestructura, servicios, nivel de empleo y crecimiento económico.
Así, es aconsejable debatir sobre el nivel de deuda, presión fiscal y modelo económico, porque se avizoran retos importantes para la sostenibilidad de nuestra economía. Tengamos cuidado de proponer una ley estricta que tengamos que violar.Siempre será preferible, como sugirió Dornbusch, un marco legal muy flexible que apliquemos estrictamente y que responda a los distintos momentos a los que se enfrenta la economía.


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