La Corte de Apelación del Distrito Nacional varió la medida de coerción de prisión preventiva a domiciliaria a los siete implicados en la venta irregular de los terrenos del sector Los Tres Brazos, incluido el exdirector de la Corporación Dominicana de Empresas Estatales (CORDE), Leoncio Almánzar, y declaró el caso complejo.
De inmediato, el Comité de Lucha por la Defensa del sector, protestó la medida frente a la Procuraduría General y advirtió que no se quedarán de brazos cruzados porque lo que se quiere es “revivir la impunidad”.
La nueva medida coercitiva. Consiste en prisión domiciliaria, pago de garantías económicas de entre RD$3 y RD$10 millones; uso de brazalete electrónico e impedimento de salida del país, según dispusieron los jueces de la Tercera Sala Penal, Juan Ignacio Camacho, Daniel Nolasco y Ramona Rodríguez.
Los siete imputados guardan prisión preventivapor tres meses en la cárcel de Najayo, en San Cristóbal, desde el 31 de julio, medida que les impuso el juez de Atención Permanente, José Alejandro Vargas. Además de Almánzar están José de Pool Dominici; los hermanos Carlos y Julio Gómez, Manuel Aybar, Juana Inés Gómez y Domingo Lebrón.
Costo. Para Almánzar, de Pool Dominici y Carlos Gómez, la salida de prisión tendrá un costo en metálico de $10 millones cada uno, que deberán depositar en efectivo en la cuenta de la Procuraduría General; más $4,000 mensual por el brazalete electrónico, aparte de que no podrán salir del país. La garantía a pagar por Julio, Manuel y Juana Inés es de $5 millones cada uno; y Lebrón, $3 millones, además del costo mensual por el brazalete.
La sentencia. Fue dictada atendiendo a sendos recurso interpuestos por los imputados y el Ministerio Público, respectivamente, que fueron conocidos este miércoles en una audiencia que se prolongó hasta alrededor de las 10:00 de la noche. Todavía ayer tarde la decisión de los jueces Camacho, Nolasco y Roríguez no se había terminado de digitar para ser notificada.
Los otros imputados. Por la venta fraudulenta de los terrenos en Los Tres Brazos fueron apresados y luego dejados en libertad condicionada al pago de una garantía económica de RD$500,000, impedimento de salida y presentación periódica, la exregistradora de títulos del Distrito Nacional, Rosabel Castillo Rolffot; Irving José Cruz Crespo, ex Consultor Jurídico de CORDE y a los agrimensores Ana Antonia Ozuna Nolasco y Hadonis Ruiz Mella.
Empresas vinculadas. En el negocio fraudulento por el que a los moradores del sector le habrían hecho pagar unos RD$90 millones están involucradas las empresas Comercial Proyecciones Inmobiliarias GOWI; Infepa y Titulatec.
La protesta. El Comité de Lucha por Los Tres Brazos protestó ayer frente a la Procuraduría General, por la sentencia que sacó de la cárcel a los que acusan de robarle. Fernando Morillo, Juan Rodríguez, Máximo García, Milcíades Geraldo, y Manuel María Mercedes, presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, denunciaron que no se quedarán de brazos cruzados ante esta acción que, según ellos, “esconde una intención de invisibilizar las acciones presenciales de la comunidad, y revivir la política de impunidad”.