Jaime González, presidente de la Confederación Patronal de la República Dominicana (Copardom), plantea, pura y simplemente, que  la ley 87-01 que crea el Sistema Dominicano de Seguridad Social es clara,  porque faculta a cada afiliado a escoger o afiliarse a la ARS que mejor garantice atención a sus problemas de salud, sin que el Estado lo obligue a tomar esa decisión.

“Es una decisión que debe tomar cada trabajador y no se le puede imponer que se afilie a tal o cual ARS”, comentó González”, a quien se le preguntó su opinión sobre los cuestionamientos a la resolución administrativa 00189-2012, de la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (SISALRIL), que  ordenó el traspaso de todos los empleados públicos, tanto de las instituciones centralizadas como las autónomas y descentralizadas del Estado, que deberán pasar al Seguro Nacional de Salud (SENASA).

La disposición de la SISALRIL ha generado preocupación y malestar en empresas vinculadas a los servicios de salud que se quejan de que la misma atenta contra la libre empresa,  la libre competencia y viola dos Leyes Orgánicas ( Ley de Competitividad y Ley de Protección al Consumidor) y la Constitución de la República.

“Entendemos que de una forma  u otra se ha tratado de ver si el SENASA se capitaliza, es decir, que los empleados del sector público tengan una obligatoriedad hacia el SENASA, que es una institución del Estado”.

Sin embargo, el presidente de la COPARDOM entiende que de aplicarse la referida resolución administrativa, habría que modifica la ley 87-01,  “o de lo contrario estaríamos ante una ilegalidad”.

Se inclina a que los sectores  involucrados en la seguridad social se sienten en la mesa del diálogo y busquen una solución “para que no se violenten los derechos de los trabadores ni de los empleadores, ni la Constitución de la República”.

“La posición de la COPARDOM es generar el diálogo”, apunta González.

“Sabemos que SENASA está pasando por un situación muy difícil”.

Nosotros  habíamos advertido al Estado sobre SENASA, de que las condiciones actuales de lo que es la capitalización y lo que cada trabajador aporta a la seguridad social no era suficiente para que tuviera cobertura total, cobertura catastrófica en las condiciones actuales”.

“Ahora bien, eso se hace con dinero y todo es posible. El SENASA lo hace, pero bajo un régimen contributivo, obviamente muy limitado porque es un aporte que viene del trabajador  y del empleador. El Estado no interviene.  Bajo estas condiciones, las enfermedades catastróficas están consumiendo todo. Eso fue lo que pasó con el déficit que presentó SENASA”.

Atención primaria.  González se refirió al problema actual de la  atención primaria y comentó que al no entrar  en vigencia,” obviamente,  el sistema se hace costoso porque toda persona ante una dolencia va a donde un especialista y todo lo que eso conlleva, con una cantidad de análisis que probablemente no son necesarios, pues  el sistema  absorbe todo y el sistema de repente se va quedando sin liquidez.

Eso no se hace asistiendo a una iglesia a pedirle a Dios que  nos aporte de alguna forma. Eso se hace con dinero”.

Se refirió, además, al régimen contributivo subsidiado, que es fundamental para el sector informal,  pero no está vigente hace años. “Eso genera  inequidad hacia esos trabajadores informales que no tienen ninguna protección”.

“Nosotros, como sector, exigimos  que el Estado definitivamente promueva que entre en vigencia el régimen contributivo subsidiado, porque es la única forma de que todo ese segmento informal, equivalente a un 56 por ciento de los trabajadores dominicanos que están en la informalidad. Esas personas deben tener algún tipo de cobertura,  porque ahora no hay vía para hacerlo”.

González denunció que se está  “mal usando y distorsionando mecanismos para tratar de involucrar al sector informal y llevarlos al sistema de seguridad social, bajo un esquema que no corresponde, porque el esquema de régimen contributivo es obligatorio e implica que haya un empleador y para que exista un empleador tiene que existir una empresa y para ello debe haber un contrato entre las partes, en la que haya una obligatoriedad de ambas partes”.

Advierte que de persistir  la  distorsión  “se va a generar un colapso en el sistema a mediano plazo, porque las contribuciones que pueden hacer las personas  informales y los empleadores ficticios distorsionan la propia ley”.

Cuestionamientos.  Sectores relacionados con el sistema de salud señalan que la competitividad entre las empresas que ofrecen servicios de salud se vería comprometida y violaría el artículo 17 de la ley General de Protección a los Derechos del Consumidor o Usuarios No. 358-05, del 9 de septiembre de 2005, así como de la Ley General de la Competencia No.42-05, del 16 de enero de 2008.

Se pondría en riesgo la sostenibilidad del sistema de salud y se retornaría a la dramática situación del IDSS, institución en la que no había garantías para los afiliados ni para los empleadores.

La regulación cuestiona y perjudica a la seguridad jurídica y la sostenibilidad del sistema de salud.

Las Claves
Pronunciamientos

Asociación Nacional de Clínicas Privadas

El doctor Rafael Mena advierte que las clínicas no apoyan la resolución de la  Sisalril porque creen en la libre elección y se considera que los servidores públicos tienen derecho a permanecer afiliados en la ARS de su interés.

Empleados objetan medida de pasar a Senasa

Un grupo de empleados depositó un recurso para impugnar la resolución que ordena el traspaso de los empleados públicos a la ARS Senasa a partir de enero próximo. Los asalariados pertenecen a los ayuntamientos municipales de San Andrés de Boca Chica, San Antonio de Guerra y La Victoria, quienes llevaron la acción ante el Consejo Nacional de la Seguridad Social (CNSS).

Inconstitucional

Un grupo de abogados de  empleados públicos  alega que  la Resolución 00189-2012 es inconstitucional y viola el derecho a la libre elección que establece el Sistema Dominicano de Seguridad Social en beneficio de sus representados.

Amenaza al sector

José Manuel Vargas, presidente ejecutivo de la Asociación Dominicana de ARS, entidad que agrupa a las principales ARS privadas del país, declaró que “La   disposición de la SISALRIL representa una amenaza para el derecho de libre elección de todo dominicano, y un serio quebranto a la libre competencia y a los derechos de la empresa privada”.