La comisión designada por el Poder Ejecutivo para estudiar las licitaciones de Punta Catalina concluyó hoy que no hubo fraude alguno en el proceso de adjudicación. Se recuerda, empero, que el Partido Revolucionario Moderno (PRM) ha venido denunciado que sí hubo irregularidades.

En un encuentro que sostuvieran el pasado miércoles dirigentes de esa organización política con el Grupo Corripio, estos expresaron las razones que tienen para desaprobar el proyecto que busca reducir los apagones en el país.

El excandidato presidencial Luis Abinader criticó que se esté vendiendo la idea de los beneficios de la termoeléctrica en el sentido del costo de los kilovatios/hora, porque mientras el administrador de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE) dice que se venderá entre 10 y 12 centavos de dólar, en Centroamérica y en Chile se está contratando energía solar entre cuatro y cinco centavos.

Luis Abinader fue entrevistado este miércoles en el almuerzo del Grupo Corripio.

De su lado, Faride Raful indicó que en investigaciones propias de sus funciones la llevaron a descubrir irregularidades en el proyecto, que llevan a no entender la razón por las que los ligados a todo el proceso que se ha seguido hasta el momento, no están incluidos en las indagatorias del caso de la empresa brasileña Odebrecht, que realiza la obra.

Uno de los aspectos que considera más alarmantes es la línea de crédito otorgada por el Banco de Reservas por un monto de US$700 millones, teniendo como garante solo al Estado dominicano a través de la CDEEE.

“Estamos usando una entidad del Estado, con una línea de crédito del Banco del Estado para financiar a una empresa del sector privado. Eso no está consignado en duda pública y el contrato EPC de Punta Catalina en su punto 19 prohíbe que la CDEEE haga ese tipo de transacciones para esos fines, o sea que se viola el contrato y la Ley de Crédito Público”, indicó.

Otro aspecto irregular que señaló fue la variación en el costo final de la obra que en inició se aprobó por US$1,945 millones y luego se hizo una adenda donde subió a US$2,050.

Recordó que posterior a eso se estableció que, también en violación a la Ley, la CDEEE destinó fondos del subsidio eléctrico por un monto de US$562.3 millones al proyecto. “Ya vamos por US$2,507.3 millones y eso implica una sobrevaluación que debe ser investigada de manera exhaustiva”, indicó.

A esto sumó los US$600 millones en bonos que se introdujeron al Congreso, para sustituir el financiamiento que ya no podría realizar el Banco Internacional de Desarrollo de Brasil, pero que terminaron siendo considerados como una deuda nueva, por el arrastre de compromisos transaccionales que tenía el banco brasileño.

“Punta Catalina es el caso más grande que ha tenido Odebrecht en el país desde el 2002 a la fecha y no hay ninguna persona que esté siendo ni involucrada, ni perseguida por el Ministerio Público ni se le ha levantado acusación por haber, probablemente incurrido en una sola violación al proceso de adjudicación pero tampoco hay un solo congresista en este momento ni de los que están ni de los que se fueron siendo investigado”, criticó Raful.