La presidente ejecutiva de la Asociación Dominicana de Administradoras de Fondos de Pensiones (ADAFP), Kirsis Jáquez, consideró que al debate sobre el proyecto de modificación de la Ley 87-01, de Seguridad Social, deben incorporarse los elementos que contribuyan a aumentar los niveles de las pensiones que deberán recibir los trabajadores dominicanos al momento de su retiro de la actividad laboral.

Planteó además, la necesidad de un fortalecimiento de la capacidad fiscalizadora del recaudo, para combatir la evasión, así como sancionar los fraudes en detrimento de la Seguridad Social y evaluar la posibilidad de flexibilizar los mecanismos y guías que permitan para el que tenga capacidad de ahorro lo haga.

Jáquez estimó que en la discusión sobre el proyecto de modificación de la Ley 87-01, también se debe incorporar iniciativas para lograr que los fondos de pensiones sigan diversificándose y canalizándose más directamente hacia el financiamiento de los sectores productivos y de servicio en el país.

¨Entendemos que ese ahorro nacional se debe convertir en un potencializador que eleve la competitividad de nuestro país y genere mucho más empleos”, añadió.

Consideró que también se debe evaluar la universalidad de la ley para lograr un Sistema de Seguridad Social más equitativo, en el que no se sigan estableciendo y desarrollando esquemas de privilegios.

¨Se requiere de un sistema que valore el trabajo en cualquiera de sus modalidades ¨, indicó

Jáquez resaltó asimismo, que la evasión en el pago de las cotizaciones de la Seguridad Social por parte de ciertos empleadores denominados ¨virtulaes¨ está afectando a los fondos de los trabajadores y distorsiona el sistema. ¨Definitivamente que eso afecta el sistema porque nos provoca que cuando se hacen diagnósticos del promedio del sistema se deja fuera a parte de los trabajadores que deberían cotizar¨.

Dijo que junto con los fraudes se está considerando probablemente a personas que no son cotizantes al sistema y que están siendo utilizados por empleadores ficticios como ha sido denunciado por la Tesorería de la Seguridad Social, así como por los presidentes del Conep y de la Confederación Patronal Dominicana, asociaciones de empresarios y comerciantes de Santiago y Santo Domingo.