SANTIAGO.  Ayer se firmó y se espera que hoy llegue al Congreso lo que se espera sea la mayor reforma en 20 años de la Ley General de Bancos de Chile.
Luego de que la presidenta Michelle Bachelet le diera el «vamos» a esta modificación de la Ley General de Bancos (LGB), el superintendente de Bancos e Instituciones Financieras, Eric Parrado, explicó los tres ejes de la reforma.
«En primer lugar, el fortalecimiento de los requerimientos de capital en base a Basilea III», explicó Parrado. Dentro de las propuestas del acuerdo Basilea III, las que Chile suscribió, destacan: la obligación de los bancos de aumentar sus reservas de capital para protegerse de posibles caídas (Tier 1 aumenta de un 4,5% a un 6% de los activos ponderados por riesgo, manteniendo el nivel mínimo de patrimonio en 8%).
La incorporación de un colchón de conservación de capital -2,5% de los activos ponderados por riesgo por sobre el mínimo establecido- para evitar que las instituciones paguen altos dividendos y bonos incluso cuando sufren un deterioro de capital; y la exigencia de tener un colchón de carácter anti-cíclico -máximo de 2,5% de los activos ponderados por riesgo- para proteger el sistema en períodos de expansión de crédito.

En segundo lugar, «el fortalecimiento del gobierno corporativo del supervisor bancario a través de su incorporación a la Comisión de Mercado Financiero (CMF)», indicó el superintendente.
Es decir que se traspasarán a la recién aprobada CMF todas las competencias que la ley vigente le reconoce a la Superintendencia de Bancos e Instituciones Finacieras (SBIF).
En tercer lugar, Parrado destacó que «entrega herramientas que hacen mucho más eficiente la resolución bancaria cuando algún banco está en problemas o cuando entramos a una crisis bancaria». En este último eje el proyecto incorpora un «plan de regularización» como una herramienta para normalizar la situación de un banco respecto del cual existen indicios de problemas financieros o en su administración, y de esta forma evitar que el banco caiga en situaciones de insolvencias que conduzcan a su liquidación. El ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, destacó que se trata de «un proyecto importante