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San Diego, California, EE.UU.- Cientos e incluso miles de mexicanos que fueron expulsados de Estados Unidos por autoridades migratorias en el sur de California, podrán regresar para tener una oportunidad de presentar su caso ante las autoridades estadounidenses y tratar de quedarse en el país, dijo la Unión Americana por las Libertades Civiles (ACLU).
El acuerdo aprobado por un juez federal en Los Ángeles afecta a los mexicanos en el sur de California que renunciaron a su derecho a una audiencia cuando fueron expulsados, un procedimiento conocido como regreso voluntario.
El Departamento Federal de Seguridad Nacional dijo el viernes que estima que “una fracción muy pequeña” de las cerca de 30.000 personas que regresaron de manera voluntaria desde el sur de California durante el periodo que abarca el acuerdo podrían tener una segunda oportunidad.
Afiliados a la ACLU en Los Ángeles y San Diego demandaron al secretario de Seguridad Nacional y otras autoridades migratorias en 2013 afirmando que las autoridades usaron tácticas engañosas. Se llegó a un acuerdo en agosto, pero la orden del juez de distrito John Kronstadt definió quién puede presentar su caso ante jueces migratorios de acuerdo con la demanda de acción de clase.
El acuerdo afecta a mexicanos que salieron voluntariamente de Estados Unidos de junio de 2009 a agosto de 2014 y tienen argumentos razonables para permanecer en el país. Deben haber sido procesados por autoridades de la Patrulla Fronteriza del sector de San Diego o por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Los Ángeles o San Diego.
Por muchos años Patrulla Fronteriza ofreció regresos voluntarios a casi todas las personas que arrestó. Pero recientemente, la agencia ha adoptado procedimientos que implican sanciones administrativas y penales más severas, como órdenes de deportación anteriores y juicios penales.
A algunos mexicanos no se les informó debidamente de las consecuencias de los regresos voluntarios, que incluían la prohibición para solicitar el reingreso al país en 10 años para una persona que se casó con un ciudadano estadounidense y tuvo un hijo estadounidense, dijo Gabriela Rivera, abogada de ACLU para los condados de San Diego e Imperial.
En algunos casos a la gente se le daban formularios con partes ya cumplimentadas en las que accedían a dejar el país voluntariamente, agregó. El acuerdo de agosto requiere que el gobierno ofrezca información detallada sobre las consecuencias de un regreso voluntario, establece líneas telefónicas de ayuda y le da a la gente la oportunidad de ponerse en contacto con un abogado o alguna persona de su elección e impide que las autoridades presionen a la gente para tomar una decisión, dijo Rivera.
